El Concejo de San Miguel de Tucumán declara a la achilata de interés turístico en medio de una fuerte polémica

El tradicional refresco tucumano es ahora un atractivo turístico oficial, pero la ordenanza aprobada desató un intenso debate sobre regulación y libertad laboral en el Concejo Deliberante capitalino. La iniciativa del concejal justicialista Emiliano Vargas Aignasse busca revalorizar la bebida identitaria, pero la oposición advierte que impone condiciones que obligan a los vendedores a afiliarse a un sindicato específico.

El proyecto, que fue aprobado, propone la creación de una “ruta de la achilata”. Este circuito turístico contaría con espacios definidos por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán donde los vendedores podrían ofrecer el producto de forma regulada. El esquema incluye carritos habilitados por el área de Bromatología, controles sanitarios y la opción de que los trabajadores se formalicen mediante el monotributo.

Un modelo que divide aguas

Emiliano Vargas Aignasse defendió la norma como una herramienta de política pública. Argumentó que la achilata es un elemento identitario capaz de atraer visitantes y generar oportunidades económicas con reglas claras. El concejal señaló que existe voluntad política del Ejecutivo municipal para reglamentar la ordenanza y ponerla en funcionamiento.

Respecto al rol del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), Vargas Aignasse afirmó que es un gremio nacional que representa formalmente a trabajadores del sector. Sostuvo que la reglamentación deberá garantizar que quienes ocupen los puntos turísticos lo hagan dentro del marco legal vigente.

La oposición denuncia condicionamientos

Desde el bloque radical, el concejal Leandro Argañaraz cuestionó con dureza el contenido de la ordenanza. Advirtió que la norma excede ampliamente una declaración simbólica y se convierte en una herramienta coercitiva. Según su lectura, la iniciativa impone condiciones que restringen la autonomía de los achilateros y vulneran el derecho a trabajar.

Argañaraz detalló que, según su interpretación, sólo podrían vender en la “ruta” quienes estén afiliados al Sivara, paguen una cuota sindical, adquieran indumentaria y alquilen carritos a través del gremio. Además, los vendedores quedarían limitados a los espacios que determine el municipio. Calificó como especialmente grave que los trabajadores deban ser designados por el sindicato, lo que, afirmó, obliga de hecho a la afiliación para poder trabajar.

El debate sobre la informalidad y el Estado

El concejal opositor aclaró que no se opone a los controles bromatológicos ni a la fiscalización sanitaria, funciones que ya son responsabilidades habituales del municipio. Su crítica se centra en que el Estado condicione el ejercicio de un oficio tradicional. Para Argañaraz, la ordenanza beneficia a un sector gremial específico en lugar de ordenar la actividad de manera general.

Vargas Aignasse, por su parte, enmarcó la propuesta en una estrategia regional. Señaló que otras provincias avanzaron en la valorización de sus productos identitarios mientras Tucumán quedó rezagada. Confía en que la reglamentación permitirá despejar las dudas y exhibir los beneficios del esquema propuesto.

Mientras el oficialismo confía en el proceso de reglamentación, la oposición mantiene sus reparos y anticipa que el debate seguirá abierto. La achilata, símbolo indiscutido del verano tucumano, quedó así en el centro de una discusión más amplia sobre informalidad, regulación, sindicalización y los límites de la intervención estatal en el espacio público de San Miguel de Tucumán.