El Colegio de Abogados de Tucumán estalla contra Milei por una frase que caló hondo

La entidad que nuclea a los profesionales del derecho en la provincia salió al cruce con dureza de las declaraciones del Presidente de la Nación. Calificaron sus palabras como “profundamente preocupantes” y emitieron un comunicado oficial donde expresan su “más enérgico repudio”. La polémica se desató luego de que Javier Milei se refiriera al ejercicio de la abogacía de una manera que los letrados tucumanos consideraron peyorativa.

¿Qué dijo exactamente el Presidente?

El conflicto comenzó cuando el mandatario utilizó la expresión “industria del juicio” para referirse a la actividad profesional de los abogados. Para el Colegio que preside Alberto López Domínguez, esta calificación desacredita de manera generalizada una labor que consideran esencial. En su documento, remarcan que resulta alarmante que dichos de este tipo provengan “desde la más alta investidura institucional”.

La entidad tucumana fue clara al subrayar que la tarea de los abogados es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho. Afirman que su trabajo garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías que reconoce la Constitución Nacional. El comunicado advierte que las expresiones presidenciales no solo ofenden a los profesionales, sino que afectan el funcionamiento del sistema democrático.

La defensa del rol institucional

“Tales expresiones no sólo resultan agraviantes para quienes ejercemos esta profesión con responsabilidad, ética y compromiso social, sino que además desconocen el rol esencial que la abogacía cumple en un Estado de Derecho”, señala el texto oficial. El Colegio recordó que el acceso a la Justicia es un derecho constitucional y rechazó de plano la idea de que los procesos judiciales respondan a maniobras especulativas.

En una parte contundente, aclaran que “la intervención de abogados y abogadas no genera el conflicto; por el contrario, constituye la vía institucional y legal para encauzarlo”. Agregan que cada proceso judicial tiene su origen en un conflicto real que afecta derechos e intereses legítimos de personas físicas o jurídicas. Para ellos, generalizar es un error que tiene consecuencias.

Un llamado de atención al discurso público

El documento también cuestiona el efecto que este tipo de declaraciones tiene sobre las instituciones. “Descalificar los reclamos judiciales o el ejercicio profesional mediante generalizaciones impropias no contribuye al fortalecimiento de las instituciones ni al diálogo democrático”, sostienen. Alertan que este discurso “erosiona la confianza en el sistema de justicia y desvaloriza la función social de la abogacía”.

Para finalizar, el Colegio de Abogados de Tucumán reafirmó que el ejercicio de la profesión se encuentra regulado por normas éticas y legales estrictas. Concluyeron que su finalidad última es la defensa de derechos, la búsqueda de soluciones jurídicas y la preservación del orden constitucional. El mensaje queda claro: desde Tucumán, la institución hace oír su voz frente a lo que considera un ataque a la esencia de su labor.