El caso Lebbos se hunde en la impunidad: 42 expedientes que nunca verán la luz

La investigación por el asesinato de Paulina Lebbos, ocurrido hace más de dos décadas, enfrenta un nuevo y escandaloso capítulo. Se reveló que decenas de expedientes vinculados a posibles delitos conexos al crimen fueron cerrados, imposibilitando para siempre su investigación. El padre de la víctima, Alberto Lebbos, calificó la situación como un “escándalo judicial” y denunció un proceso que favorece la impunidad.

La información surge luego de conocerse que dos de los nombres investigados ya no tienen causas abiertas, y que con otros 39 sospechosos podría haber ocurrido lo mismo. En varios casos, ni siquiera se habrían formulado imputaciones formales, mientras que en otros el paso del tiempo habría provocado la prescripción de las acciones penales.

¿Qué ordenó el tribunal en 2019?

El origen de estas actuaciones se remonta al fallo dictado el 25 de febrero de 2019 por el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. En aquella sentencia se condenó por encubrimiento a ex funcionarios de seguridad como Eduardo Di Lella y Hugo Sánchez, entre otros.

Paralelamente, los magistrados dispusieron que se investigara a 42 personas por posibles delitos de falso testimonio, encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

¿Quiénes estaban en la lista de investigados?

Entre los nombres incluidos en esa nómina aparecían figuras de alto perfil político e institucional que generaron fuerte impacto social. Entre ellos se encontraban el ex gobernador José Jorge Alperovich, el ex ministro de Seguridad Mario López Herrera, y ex jefes policiales como José Díaz y Francisco Picón.

También estaban señalados los mencionados en la denominada “línea narco” y otros potenciales involucrados. Los posibles autores materiales del crimen, César Soto y Sergio Kaleñuk, quedaron sujetos a otra investigación específica.

Quedaron excluidos de estas diligencias quienes habían fallecido, como Daniel Paz —ex chofer de Alperovich—, Rubén Urueña y Alfredo Jiménez, ex comisario convocado para colaborar con la pesquisa.

El tortuoso camino de las causas

Inicialmente, los jueces encomendaron el análisis de estos casos al fiscal Diego López Ávila, quien había llevado adelante la investigación que desembocó en el juicio. Pero en febrero de 2021, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia y las causas estaban próximas a prescribir, la responsabilidad pasó al entonces Fiscal Regional Mariano Fernández.

Durante su gestión, Fernández solicitó llevar a juicio por falso testimonio a Ramón Fernández, Jorge Jiménez y Raúl Ferreyra, y por encubrimiento a Francisco Picón, Ricardo Maruf y Virginia Mercado. Paralelamente, dispuso el archivo de otras actuaciones por entender que no existían delitos o que ya habían prescripto.

Su reemplazante fue Fernando Blanno, sobre cuya actuación no trascendieron detalles concretos respecto a imputaciones, archivos o pedidos de elevación a juicio. Fuentes judiciales indicaron que tampoco habría impulsado acusaciones contra los investigados.

El ministro Fiscal Edmundo Jiménez sostuvo que el Ministerio Público no tiene actualmente causas pendientes derivadas del juicio principal, lo que implicaría que no restan expedientes por resolver ni imputados a ser llevados a proceso. En términos prácticos, solo se habría avanzado con seis de los 39 señalados originalmente.

La indignación de la familia Lebbos

Frente a este panorama, Alberto Lebbos manifestó su preocupación y consideró que se habría consolidado un “círculo de impunidad” que impide conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hija. Además, reclamó que algún legislador solicite informes formales sobre el destino de esas investigaciones.

El padre de Paulina también puso el foco en el rol de Juan Cruzado, el remisero que habría acordado con la Policía declarar falsamente que trasladó a la joven y a otra mujer, y reiteró que todo el entramado investigativo permanece rodeado de interrogantes.

Desde el punto de vista legal, se indicó que solo los funcionarios judiciales podrían disponer el desarchivo de las actuaciones, aunque ello resulta improbable y, en muchos casos, las acciones habrían quedado extinguidas por prescripción debido al tiempo transcurrido.