¿Dueños de la calle? La nueva ley que promete meter presos a los trapitos y cuidacoches
La Legislatura porteña aprobó la Ley Antitrapitos: ¿sabés cuáles son las nuevas penas y restricciones que podrían meter presos a los cuidacoches?
La Legislatura porteña aprobó este jueves una reforma que endurece las penas contra trapitos y cuidacoches, con multas millonarias y hasta 60 días de arresto para los organizadores. La iniciativa, impulsada por Jorge Macri y Pilar Ramírez, busca desarticular las redes que operan en eventos masivos.
¿Qué cambió con la nueva ley?
La reforma modifica los artículos 91 y 92 de la Ley 1.472 y establece penas de 10 a 30 días de arresto, trabajos comunitarios de 20 a 45 días o multas de hasta 7.000 unidades fijas (unos $6.649.930). Además, los jueces podrán prohibir la concurrencia y restringir el acercamiento a las zonas donde se cometió la contravención.
Agravantes y organizaciones
Si hay intimidación, amenazas o aprovechamiento de la vulnerabilidad, las sanciones se duplican. Para los jefes de estas estructuras, el arresto puede alcanzar los 60 días y quedarán inhabilitados para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.
Eventos masivos bajo la lupa
La ley apunta especialmente a recitales y partidos de fútbol. Si los hechos ocurren en un radio de 50 cuadras y entre seis horas antes y tres después del evento, los partícipes recibirán de 15 a 50 días de arresto. Los organizadores, de 45 a 60 días.
El Ministerio Público Fiscal podrá instalar oficinas móviles en las inmediaciones para recibir denuncias de vecinos y automovilistas.
Sanciones a clubes e instituciones
Si se comprueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a clubes, instituciones u organizadores, las multas llegarán hasta 20.000 unidades fijas (unos $18.999.800), además de la clausura de instalaciones por 30 a 90 días.
“Si sos trapito, te meto preso”, celebró Jorge Macri. “Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, agregó.
La ley mantiene la obligación de informar sobre programas de asistencia social, pero quienes lideren estas actividades quedarán excluidos de esos beneficios por hasta dos años.
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