Dos proyectos clave para el Gobierno: el super-RIGI y la ley de lobby avanzan en Diputados

La Casa Rosada apuesta fuerte para retomar el control de la agenda legislativa en la Cámara Baja. Mientras se debaten dos iniciativas fundamentales, el oficialismo ya tiene fecha para buscar su aprobación.

¿Qué se trata hoy en el Congreso?

La jornada arrancó con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar el proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, más conocido como ley de lobby. A las 14, será el turno del plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia, que discutirá el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (super-RIGI).

La intención del oficialismo es convocar nuevamente ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar los proyectos listos para ser tratados en una sesión prevista para el 24 de junio. En esa misma jornada también se debatiría la iniciativa que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.

La fecha forma parte del cronograma que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó la semana pasada a los jefes de los principales bloques parlamentarios.

Ley de lobby: transparencia bajo la lupa

Con esta iniciativa, el Gobierno busca establecer un marco regulatorio para las actividades de lobby ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los contactos destinados a promover intereses sectoriales o influir en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.

La propuesta incluye la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse los lobistas. Además, exige la presentación de declaraciones juradas que identifiquen los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión. También se deberá registrar la fecha, hora y modalidad de cada contacto, la dependencia involucrada y un resumen de los temas abordados.

El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones. Las multas podrán alcanzar los 500 salarios mínimos y, en los casos más graves, derivar en la inhabilitación definitiva para ejercer el lobby. Asimismo, prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes incurran en representación clandestina de intereses extranjeros, además de una inhabilitación especial por el doble de la condena.

La iniciativa también impone obligaciones a los funcionarios públicos: tanto integrantes del Gobierno nacional como legisladores deberán informar las audiencias que mantengan con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.

De acuerdo con el oficialismo, el proyecto podría reunir respaldo suficiente para obtener media sanción debido a las coincidencias con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de otorgar mayor transparencia a una actividad históricamente poco regulada en la Argentina.

Super-RIGI: incentivos millonarios para la tecnología

La otra iniciativa que comenzó a debatirse este miércoles es el llamado super-RIGI, un esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos e industriales que no habían sido contemplados en el RIGI original de la Ley Bases. Fueron invitados a exponer el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

El proyecto apunta a atraer inversiones de gran escala vinculadas con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio; la producción de baterías; el desarrollo de energías renovables, incluido el hidrógeno verde; la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares; reactores nucleares pequeños y medianos; semiconductores; inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.

Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de US$ 1000 millones, muy por encima de los US$ 200 millones exigidos por el RIGI original. A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años. El régimen tendría una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por un año más.

A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema excluye proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura. Tampoco permite incorporar ampliaciones de emprendimientos ya existentes.

Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, un sistema de amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales. Los quebrantos podrían deducirse sin límite temporal. Los dividendos tributarían una alícuota del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.

El proyecto también contempla la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar. En materia cambiaria, establece una disponibilidad progresiva de las divisas provenientes de exportaciones: a partir del tercer año, los inversores adheridos podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.