Dos policías tucumanas imputadas: el secreto que guardaban en las oficinas de su jefe

La justicia tucumana amplió la red de sospechas en un escándalo de corrupción policial, imputando a dos mujeres que trabajaban para el exjefe de la Unidad Regional Norte. Las agentes, de 30 y 53 años, fueron acusadas formalmente este sábado por el delito de encubrimiento agravado contra la administración pública, tras una maniobra que buscó entorpecer la investigación.

La fiscalía, a cargo de Mariana Rivadeneira y con la acusación presentada por el auxiliar Federico Lizarraga, sostiene que ambas se desempeñaban como secretarias de Gustavo Javier Beltrán. Según la investigación, al tener conocimiento del inicio de una causa por peculado, ingresaron a las oficinas de los mandos superiores de la URN para retirar objetos que podrían haber sido evidencia clave.

¿Qué buscaban ocultar?

Por esta acción, el juez interviniente autorizó medidas de menor intensidad contra las uniformadas por un plazo de tres meses. Este nuevo paso judicial profundiza la pesquisa sobre un esquema que ya mantenía detenidos a varios altos mandos de la fuerza.

La causa central investiga a un total de nueve personas. Se acusa a Beltrán de haber ordenado, entre agosto y noviembre de 2025, el traslado de cuatro personas privadas de su libertad desde las comisarías de Chuscha y Choromoro.

El circuito de los presos a la obra privada

Con la presunta colaboración de Sergio Marcelo Juárez, quien era el segundo jefe de la Unidad Regional Norte, los detenidos eran conducidos a la propiedad de Beltrán en El Cadillal. Allí, se les habría obligado a realizar trabajos de albañilería, herrería y pintura en favor del exjefe policial.

Actualmente, tanto Gustavo Beltrán como Sergio Juárez permanecen en prisión preventiva. La misma situación comparten los jefes de Infantería y de Personal de la misma unidad regional. Las imputaciones de este sábado extienden el círculo de responsabilidades al personal administrativo, señalado por haber facilitado la impunidad de todo el operativo.

La investigación sigue su curso, mientras la justicia tucumana desentraña cada uno de los eslabones que permitieron este presunto sistema de corrupción al interior de la fuerza de seguridad provincial.