Diputados aprueban polémica reforma ambiental tras intenso debate en el Congreso
Una reforma clave para el medio ambiente y la economía divide aguas en el Congreso. ¿Qué cambia realmente la nueva ley y por qué genera tantas controversias?
La Cámara de Diputados de la Nación dio luz verde definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por fuertes discusiones políticas y una asistencia casi total de los legisladores. El proyecto redefine los criterios de protección de glaciares y ambiente periglacial, otorgando mayor intervención a las provincias en la delimitación de áreas para actividades como la minería.
La votación arrojó 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, con 5 legisladores ausentes. Este resultado consolida la reforma que ha generado amplias controversias entre sectores ambientalistas y productivos.
¿Cómo se posicionó la representación tucumana?
La mayoría de los diputados nacionales por Tucumán respaldaron la iniciativa. Siete de los nueve representantes votaron a favor de la modificación.
Entre quienes apoyaron la reforma se encuentran Mariano Campero de La Libertad Avanza, Elia Marina Fernández de Independencia, Gerardo Huesen de La Libertad Avanza, Gladys Medina de Independencia, Soledad Molinuevo de La Libertad Avanza, Javier Noguera de Independencia y Federico Agustín Pelli de La Libertad Avanza.
En contra se manifestó Carlos Cisneros de Unión por la Patria. Mientras que el diputado nacional Pablo Yedlin, también de Unión por la Patria, estuvo ausente al momento de la votación y no registró posición en el tratamiento de la reforma.
La sesión se desarrolló con un debate intenso donde se confrontaron visiones sobre el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico. Los defensores de la reforma argumentan que otorga mayor autonomía a las provincias, mientras que los opositores alertan sobre riesgos para los ecosistemas glaciares.
La nueva legislación modifica sustancialmente los criterios establecidos en la ley original, introduciendo definiciones más específicas sobre qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden ser habilitadas para actividades extractivas. Este cambio ha sido impulsado por el gobierno nacional con apoyo de varios gobernadores provinciales.
El proceso legislativo culmina con esta aprobación en Diputados, luego de que el proyecto ya hubiera obtenido media sanción en la Cámara de Senadores. La reforma entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.
Organizaciones ambientalistas ya han anunciado que analizarán la constitucionalidad de la nueva norma, mientras que sectores mineros y productivos celebran la mayor claridad en los criterios de intervención territorial.
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