Diputada nacional acata orden judicial de eliminar publicaciones contra gobernador

Una diputada nacional anunció que cumplió con una orden judicial que le exigía borrar publicaciones consideradas agraviantes hacia un gobernador provincial, aunque lo hizo bajo protesta y calificando la medida como censura. La resolución, dictada por el juez Pedro Cagna de la Sala V del fuero Civil y Comercial de la Capital, le dio 48 horas para acatar la sentencia.

La legisladora Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza, comunicó este martes a través de sus redes sociales que eliminó las publicaciones. Afirmó que lo hizo únicamente para evitar sanciones penales y económicas, pero bajo “absoluta protesta”.

En su mensaje, Molinuevo calificó la resolución como un caso de “censura previa” y un intento de “disciplinar, amedrentar y silenciar” a quienes ejercen la representación política. “Estamos ante un claro caso de censura previa”, escribió la parlamentaria libertaria.

¿Qué argumenta la diputada?

La diputada sostuvo que la orden judicial “avanza sobre la libertad de expresión, el debate público y el derecho de una diputada nacional a pronunciarse sobre hechos de indudable gravedad institucional”. Aclaró que su cumplimiento no implica “reconocimiento alguno de la verdad, razonabilidad o constitucionalidad de la resolución dictada”.

Molinuevo confirmó que continuará con el recurso de apelación interpuesto. “No implica desistir de la apelación interpuesta, ni de las reservas constitucionales y federales ya formuladas, ni de todas las acciones que seguiré impulsando hasta las últimas consecuencias para obtener la revisión y revocación de esta medida”, enfatizó.

¿Por qué considera grave esta situación?

La legisladora agregó: “Cuando un gobernador recurre a la Justicia para obtener el silenciamiento de una diputada por sus manifestaciones públicas, no estamos frente a un simple conflicto entre particulares. Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional”.

Molinuevo argumentó que lo que se intenta condicionar no es sólo una voz, sino “el propio funcionamiento de la democracia y el derecho de la sociedad a escuchar opiniones críticas sobre quienes gobiernan”. También indicó: “pueden ordenar borrar algunas palabras de una pantalla, pero jamás van a borrar mi compromiso innegociable con la transparencia y con la defensa de nuestra provincia”.

La diputada acumula su tercer revés en este expediente. Cuestiona la tramitación del caso en el fuero ordinario y plantea que debió intervenir la Justicia Federal, argumentando además que la medida vulnera sus prerrogativas constitucionales como miembro del Congreso de la Nación.