Diputada Molinuevo desafía a la Justicia: se niega a borrar posteos y apela fallo a favor de Jaldo

La diputada nacional Soledad Molinuevo se presentó ante los tribunales para impugnar la orden judicial que le exige eliminar publicaciones consideradas agraviantes contra el gobernador Osvaldo Jaldo, en un caso que pone en tensión los límites de la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión. La legisladora de La Libertad Avanza no solo se negó a cumplir la sentencia, sino que apeló la decisión y cuestionó la competencia del fuero provincial para intervenir en asuntos que, a su juicio, involucran prerrogativas federales.

Con el patrocinio del abogado Ricardo José Tomás Paz, Molinuevo formuló sus planteos ante el Juzgado Civil y Comercial Común V de la Capital. Su argumento central es la incompetencia material del fuero ordinario provincial para entender en la causa, al considerar que se encuentra comprometida una prerrogativa funcional de fuente constitucional federal propia de su cargo de diputada nacional.

¿Qué pidió el gobernador Jaldo?

El origen del conflicto se remonta al 13 de marzo, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo, a través de su abogada Paula Morales Soria, solicitó una medida autosatisfactiva contra Molinuevo. El objetivo era lograr “el cese inmediato de las publicaciones y manifestaciones agraviantes” que, según la demanda, la diputada venía realizando.

El escrito del mandatario sostiene que Molinuevo le atribuye “falsamente” una “responsabilidad directa en un hecho de violencia”, en alusión al cabezazo sufrido por el diputado Federico Pelli en La Madrid. Las publicaciones, según Jaldo, “contienen afirmaciones gravemente lesivas” que imputan al gobernador “haber instigado o enviado a una persona a cometer una agresión física contra legisladores nacionales”. Además, la demanda señala que la diputada lo responsabiliza por lo que pudiera sucederle a ella y a su familia.

Por estos motivos, la presentación del Poder Ejecutivo no solo buscaba la supresión de los posteos, sino también un pedido de disculpas públicas por parte de la legisladora.

La respuesta de la Justicia y la reacción de la diputada

El juez civil Pedro Cagna hizo lugar parcialmente a la medida solicitada por Jaldo el domingo 15 de marzo. En su sentencia, avaló la orden de eliminar los posteos considerados agraviantes, pero no dio curso en esta instancia al punto que exigía una retractación pública. La notificación de esta resolución se hizo efectiva a mediados de la semana pasada.

Sin embargo, Soledad Molinuevo no acató la orden judicial. Los posteos en cuestión siguen activos en sus cuentas de X (Twitter), Facebook e Instagram. En lugar de borrarlos, la diputada optó por apelar la sentencia y profundizar su defensa legal.

En sus presentaciones, Molinuevo puso el foco en la “Inmunidad de Opinión Parlamentaria”, una prerrogativa constitucional federal. Su planteo es contundente: “Al dictar una medida autosatisfactiva que ordena a una diputada nacional ‘abstenerse de manifestarse’ y ‘eliminar denuncias políticas’, (el juez) está alterando el régimen de inmunidades federales”. En línea con este argumento, la legisladora también inició un expediente ante la Justicia Federal de Tucumán.

Un conflicto que trasciende lo legal

La diputada advirtió en sus escritos sobre la “necesidad de neutralidad” en un caso de esta naturaleza. “Resulta inadmisible reducir este caso a un litigio civil ordinario cuando el actor es el Gobernador de la Provincia y la demandada es una Diputada de la Nación”, señaló. Además, objetó que se la someta a “la jurisdicción de un juez que orgánica y presupuestariamente pertenece a la provincia gobernada por el actor”.

Molinuevo solicitó la suspensión inmediata de la medida que ordena borrar las publicaciones. “La censura ejecutada, aunque sea por un breve lapso, es una herida mortal al sistema democrático que no cicatriza con una sentencia absolutoria posterior”, argumentó. También alertó sobre el riesgo de que el proceso judicial se convierta en “una herramienta de estrategia política y no en un instrumento de justicia”.

Respecto al contenido de sus posteos, la diputada aclaró que cuando utilizó frases como “comportamiento típico de la mafia” o “prácticas oscuras de la vieja política”, no estaba imputando conductas tipificadas en el Código Penal. “Estoy utilizando una metáfora política para describir un modus operandi institucional que considero antidemocrático”, aseveró en su defensa.

El juez Pedro Cagna firmó este miércoles las actuaciones que dan por presentada a Molinuevo en el expediente. Además, corrió traslado del planteo de incompetencia material por declinatoria a la representación legal del gobernador Osvaldo Jaldo, que dispone de cinco días hábiles para emitir su opinión. En lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la diputada, el magistrado hizo reserva de su decisión “para ser proveído oportunamente”. El caso, que mezcla política, derecho y libertad de expresión, continúa su curso en los tribunales tucumanos.