Deuda millonaria amenaza con dejar en la calle a más de 200 familias de un barrio tucumano

Una deuda que supera los 70 millones de pesos podría terminar en un remate judicial, dejando sin techo a cientos de tucumanos que invirtieron sus ahorros en un sueño de vivienda propia. El barrio Las Quintas II, en Tafí Viejo, se encuentra al borde de una crisis inmobiliaria debido a la grave situación financiera del fideicomiso que lo administra, poniendo en riesgo la titularidad de las propiedades.

El proyecto, que nació en 2015 bajo el fideicomiso Los Pocitos, contemplaba 391 lotes. Con el tiempo, más de 200 familias no solo compraron, sino que construyeron y se mudaron al lugar, confiando en que el desarrollo culminaría con la escrituración de sus hogares. Hoy, esa promesa está más lejos que nunca.

¿Qué pasó con el dinero del fideicomiso?

La confianza de los vecinos se quebró al descubrir graves irregularidades en la administración. Desde la estructura del fideicomiso se habrían emitido cheques por montos millonarios, varios de los cuales fueron rechazados por falta de fondos. Esta situación derivó en demandas judiciales y pedidos de embargo que recaen directamente sobre el terreno donde está asentado todo el barrio.

Los fiduciarios señalados en la administración son el contador Gustavo Castillo, junto a Marcela Parra, Leticia Parra, Vicente Alonso Parra, Marcelo Mena y Juan Pablo Molina. Los vecinos, representados por Marcos Íñigo, remarcan con angustia que compraron “de buena fe” para proyectar sus vidas en ese lugar.

El peligro real: un remate que los dejaría en la calle

La peor pesadilla para los residentes es que los acreedores obtengan un fallo favorable y procedan a ejecutar judicialmente el terreno. De concretarse un remate, las consecuencias serían catastróficas para quienes ya levantaron sus casas y viven allí desde hace años. Las demandas no apuntan a los bienes personales de los desarrolladores, sino específicamente al inmueble del barrio, dejando a las familias completamente expuestas.

La única salida que visualizan para tener seguridad jurídica es avanzar con la escrituración individual de cada lote. Este trámite disolvería la figura del fideicomiso y protegería el patrimonio de cada familia. Sin embargo, un obstáculo gigante lo impide.

Obras incompletas y un plazo fatal que se acerca

El proceso de escrituración está frenado porque el barrio no completó todas las obras de infraestructura exigidas para su habilitación definitiva. Aunque hubo avances en pavimento y cloacas, aún falta la aprobación técnica para la conexión de agua potable y, posteriormente, el servicio de gas natural.

La urgencia se multiplica por un plazo legal ineludible: el contrato del fideicomiso vence en diciembre de 2026. Si para esa fecha no se regulariza la situación ni se terminan las obras, el esquema jurídico que sostiene el proyecto desaparecerá. En ese escenario, la propiedad del terreno volvería a manos de la sucesión de la familia Parra, dejando a las familias sin estructura legal que garantice la finalización de las obras y el traspaso de los lotes.

Atrapados entre una deuda ajena y trámites pendientes, los vecinos reclaman soluciones urgentes. Su mayor temor es que una disputa financiera en la que no participaron termine arrebatándoles el techo por el que trabajaron y ahorraron durante años.