Detención en el centro: el allanamiento que desmintió una denuncia política

Un hombre con antecedentes fue detenido en su casa de calle Azcuénaga tras un robo en una vivienda cercana. La investigación, basada en cámaras de seguridad, llevó a un operativo judicial que también generó una polémica acusación por parte de un partido político, rápidamente desestimada por la Justicia.

El acusado es César Gabriel Reinaga, alias “El Pelado”, identificado como el autor de un robo en una casa de calle Castelli al 400. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando sustrajo una computadora del domicilio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del sector fueron clave para que la Fiscalía avanzara con la causa. Con esa prueba concreta, se solicitó a la Justicia la autorización para realizar tres allanamientos en distintos puntos vinculados a la investigación.

¿Cómo se desarrolló el operativo?

Uno de esos allanamientos se concretó en la vivienda de Reinaga, ubicada en calle Azcuénaga al 400, donde fue finalmente aprehendido. Los otros dos procedimientos se llevaron a cabo en domicilios relacionados con el caso, en el marco de la búsqueda de evidencias y la posible recuperación del equipo robado.

La resolución judicial que habilitó las medidas se fundamentó en los registros fílmicos, las tareas de inteligencia policial, las constataciones previas y la positiva identificación del sospechoso. Además, se consideró el riesgo de fuga y la posibilidad de que se entorpeciera la investigación.

La denuncia que quedó en el aire

En paralelo a la investigación penal, el caso tomó un giro inesperado en el ámbito político. La Libertad Avanza Tucumán realizó una denuncia pública, señalando que uno de los allanamientos había sido arbitrario y estaba dirigido contra el influencer libertario Benjamín Gosen, presentándolo como un acto de amedrentamiento.

Sin embargo, con el avance de la causa y la confirmación oficial de los fundamentos judiciales, esa acusación perdió todo sustento. Quedó demostrado que los allanamientos formaban parte exclusiva de una investigación por robo, con todas las formalidades legales, y no tenían ningún objetivo político.

Este episodio generó fuertes cuestionamientos hacia los dirigentes libertarios por intentar instalar una lectura partidaria sobre un procedimiento policial y judicial rutinario. La estrategia de encuadrar el operativo como una vulneración de libertades individuales se desvaneció frente a la documentación oficial.

La investigación continúa abierta. Las autoridades no solo buscan recuperar la computadora sustraída, sino también determinar si existieron cómplices o más personas involucradas en el hecho delictivo.

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