Desde una cárcel federal, una banda logró lo impensable: estafar a jueces de apelaciones
¿Cómo es posible que desde una celda se pueda estafar a un juez? El Gobierno acaba de autorizar una tecnología secreta para acabar con el negocio millonario que opera desde las cárceles. Los detalles del operativo que cambiará las reglas del juego.
Una organización de presos operando desde una unidad penal utilizó celulares para cometer estafas telefónicas, llegando incluso a engañar a magistrados de una Cámara de Apelaciones. Frente a este escenario, el Gobierno nacional autorizó este lunes la instalación de tecnología específica para detectar y bloquear dispositivos móviles dentro de establecimientos penitenciarios federales, buscando cortar una herramienta clave del crimen organizado.
La resolución 336/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial, habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a implementar sistemas capaces de identificar teléfonos activos en el interior de las prisiones y anular su funcionamiento de manera puntual.
La medida responde a un problema persistente. Investigaciones judiciales han detectado en los últimos años cómo organizaciones criminales con miembros encarcelados utilizan dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas desde detrás de los muros.
¿En qué se diferencia esta nueva tecnología?
La nueva herramienta busca ser más precisa que los intentos anteriores. No se trata de bloquear toda la señal de manera indiscriminada, como ocurría con los viejos inhibidores que afectaban a las zonas aledañas a los penales.
El objetivo ahora es detectar los teléfonos que están en uso dentro del perímetro carcelario y bloquearlos de forma específica, limitando la interferencia al interior de los establecimientos.
La ley 24.660 ya establece el marco legal, permitiendo a las personas detenidas comunicarse con familiares o abogados, pero prohibiendo expresamente el uso de teléfonos celulares.
¿Cómo funcionaba la banda del “call center carcelario”?
La gravedad del problema quedó en evidencia con el caso de la banda integrada por presos que operaba desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena. En audios interceptados, se escuchan frases como “Paseme el código, quédese tranquilo”, utilizadas para estafar a sus víctimas.
La organización, denominada “call center carcelario”, logró llegar a estafar a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, demostrando el alcance y la sofisticación que pueden alcanzar estas operaciones ilícitas.
Hasta ahora, los controles dentro de las cárceles, que incluyen secuestros frecuentes de teléfonos, han tenido resultados irregulares y no lograron resolver el problema de fondo.
¿Qué pasos seguirán para la implementación?
La resolución también instruye a las áreas técnicas del Ministerio de Seguridad a avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de estos sistemas de detección y bloqueo.
Se aprobó además un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que fija las pautas operativas para la aplicación de esta tecnología.
La implementación no será inmediata. Detectar un dispositivo, identificarlo y proceder a su bloqueo implica un proceso técnico que requerirá un seguimiento constante y especializado.
En sintonía con esta decisión a nivel federal, el bloque de HECHOS impulsó una iniciativa similar en la Legislatura bonaerense para evitar el uso de dispositivos móviles en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico, considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria del COVID-19 se prolongó más allá de su justificación inicial.
También puede interesarle