Derogan la ordenanza del estacionamiento medido en la capital: ¿qué viene ahora?

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó por unanimidad la ordenanza que regía el estacionamiento medido desde 2015, dejando sin efecto el marco normativo que había dado lugar a una concesión declarada nula por la Justicia. La decisión, tomada este lunes, habilita al municipio a lanzar una nueva licitación para un sistema moderno.

La Ordenanza N° 4.758/15, sancionada durante la gestión del exintendente Germán Alfaro, quedó oficialmente sin vigencia. El cuerpo legislativo consideró que la norma estaba “vinculada a un proceso viciado” y que su marco técnico había quedado obsoleto, según explicó el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, José María Franco.

“Era una ordenanza vinculada a un proceso viciado y sustentada en un marco técnico obsoleto”, sostuvo Franco, quien detalló que el diseño original, elaborado en 2014, contemplaba herramientas como parquímetros físicos y cobro mediante mensajes de texto, tecnologías que ya no se utilizan.

¿Por qué se derogó ahora?

La medida llega poco más de dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificara la nulidad del contrato adjudicado a la UTE Tecno Agro Vial. El máximo tribunal consideró que la concesión estuvo afectada por “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” desde su origen, y advirtió que una de las firmas de la unión transitoria estaba en concurso preventivo al momento de la oferta, lo que impedía su participación.

Con ese fallo firme, el municipio quedó habilitado para avanzar en un nuevo esquema. “La idea es avanzar en un sistema de estacionamiento medido moderno, que sea un verdadero ordenador del tránsito y que tome como referencia experiencias exitosas de otras capitales del país”, afirmó Franco.

Los pasos que vienen

El nuevo proceso será trabajado en conjunto entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, con el objetivo de elaborar pliegos que incorporen herramientas tecnológicas actuales y contemplen la situación de los trabajadores que hoy realizan tareas vinculadas al estacionamiento.

La controversia judicial se remonta a 2022, cuando la Defensoría del Pueblo, Fodecus y otros actores impulsaron una acción de amparo colectivo que derivó en la suspensión del sistema y luego en la declaración de nulidad del contrato. Con la derogación de la ordenanza, se cierra el capítulo más conflictivo de los últimos años en la capital tucumana.

Ahora, la administración de la intendenta Rossana Chahla queda en condiciones de impulsar un nuevo proceso licitatorio para ordenar el tránsito en el área céntrica y redefinir la explotación del espacio público.