Denuncias de acoso y ciberataque: la UNT en el ojo de la tormenta

Dos denuncias por violencia de género activaron el Protocolo de Actuación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, desatando una ola de asambleas y reclamos que aún no cesan. Un estudiante con funciones de ayudante de cátedra y consejero estudiantil, y un trabajador no docente, son los señalados.

Según versiones recogidas en asambleas, el estudiante denunciado habría solicitado a compañeras sus credenciales de acceso a correos electrónicos, Campus Virtual y sistema SIU, con pretextos académicos. Con esos datos, habría accedido sin autorización a cuentas personales y a fotografías privadas almacenadas en la nube. Las fuentes estudiantiles indicaron que las situaciones involucrarían a más de treinta alumnas y habrían comenzado en 2022.

La Facultad recordó que las claves de acceso son personales e intransferibles, y advirtió que el acceso no autorizado a archivos privados constituye violencia de género, encuadrada en la Ley Olimpia N.° 27.736. Hasta el momento, no se iniciaron denuncias penales, aunque las afectadas se están organizando para hacerlo.

¿Qué medidas se tomaron?

Gabriela González, secretaria de Extensión y responsable del Espacio de Género y Diversidad, confirmó que ambas denuncias están siendo tramitadas. Patricia Gerbán, de Asuntos Jurídicos de la UNT, destacó el carácter reservado del procedimiento para proteger la identidad de las víctimas.

En asambleas, estudiantes cuestionaron la celeridad del proceso. Señalaron que denuncias informales habrían circulado desde 2022 sin que se dictaran suspensiones preventivas. En el caso del no docente, la única medida fue un cambio de horario, cuando el protocolo prevé suspender al denunciado hasta por noventa días.

El rol del Centro de Estudiantes

El lunes 18 de mayo, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CUEFyL) afirmó haber tomado conocimiento de las denuncias en los últimos días y sostuvo que el estudiante señalado ya no integra la organización. Sin embargo, testimonios en asambleas cuestionaron esa versión y afirmaron que la situación era conocida con anterioridad. El comunicado incluyó el nombre del acusado, lo que contradijo la posición de las damnificadas, contrarias al escrache público.

El jueves 21, una asamblea extraordinaria en el Ágora, convocada por estudiantes de Trabajo Social, se extendió a otras carreras. Allí se pidió que una persona presente se retirara, acusada de acosador. Se votó la creación de comisiones de Género y Diversidad, la suspensión preventiva de los denunciados, y que la Facultad se constituya como querellante. También se repudió al CUEFyL por su inacción y se fijó una sentada para el jueves 28 de mayo.

Escraches y reacciones institucionales

El viernes 22, la carrera de Ciencias de la Educación convocó a una reunión abierta. Allí se repitió la escena: una estudiante pidió que se retire otra persona identificada como acosador. Ese día circularon en redes sociales flyers con datos de los denunciados y de un tercer joven, en un formato de escrache que las víctimas habían pedido evitar.

Ante las dudas sobre los tiempos institucionales, comenzaron a circular mensajes orientando a las afectadas a recurrir a la justicia penal. La Unidad Fiscal de Género N.° 3 atiende en el teléfono 381-599-1371. También está disponible la línea nacional 144.

El mismo viernes 22, la Facultad y la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) se pronunciaron. La Facultad afirmó que el Espacio de Género y Diversidad intervino de manera oportuna. La FUT expresó su enérgico repudio e identificó al acusado como integrante de MPE. El domingo 24, la presidenta de La Bolívar y del CUEFyL, Lucía Gastaminza, publicó una carta abierta reconociendo: “Hace una semana descubrimos que teníamos un compañero abusador”. Pidió perdón y reafirmó su compromiso.

Los pronunciamientos llegaron en vísperas de la sentada del jueves 28 y en un contexto político particular: las elecciones por el Centro de Estudiantes están previstas para el 16 y 17 de junio. En las asambleas, algunas estudiantes recordaron la toma de la facultad de 2013, cuando la comunidad se movilizó ante casos de abuso sexual en zonas cercanas al edificio.