Denunciaron a un vocal de la Cámara Federal de Tucumán: el vínculo con un abogado procesado y las pruebas que lo complican

El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Mario Rodolfo Leal, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en el marco de la investigación que tiene como principal imputado al abogado Luis Alejandro Ontiveros, procesado recientemente por presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas.

La presentación sostiene que el avance de la pesquisa penal habría incorporado elementos que permitirían analizar una eventual participación o responsabilidad funcional del magistrado en maniobras que actualmente son objeto de investigación judicial.

¿Quién presentó la denuncia y qué argumentos expuso?

La denuncia fue presentada por el abogado Juan Andrés Robles, representante de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, luego de que el juez federal N° 2 de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, dictara el procesamiento de Ontiveros el pasado martes.

En el escrito remitido al órgano encargado del control disciplinario de los magistrados nacionales, Robles sostiene que las pruebas reunidas durante la investigación penal exhiben una gravedad suficiente como para justificar una investigación sobre la conducta del camarista federal.

Según el planteo, los elementos incorporados al expediente no sólo respaldarían los hechos denunciados por Martínez Salazar, sino que también proyectarían indicios sobre posibles conductas incompatibles con el ejercicio de la función judicial.

¿Qué relación existe entre Ontiveros y el entorno de Leal?

Uno de los ejes centrales de la presentación apunta a la existencia de una estrecha relación familiar y funcional entre Ontiveros y el entorno de Leal dentro de los tribunales federales tucumanos.

El denunciante señaló que Ontiveros ofrecía resultados favorables en causas judiciales argumentando que su esposa, Solana Casella, se desempeñaba como relatora del camarista. Además, remarcó que dos hermanos del abogado procesado trabajan como secretarios privados en la vocalía de Leal.

La denuncia también vincula estas circunstancias con una causa por presunto lavado de activos seguida contra Jerónimo Martínez Parada, hijo del denunciante, en la provincia de Catamarca. Según Robles, la Cámara Federal habría revocado una falta de mérito para ordenar posteriormente el procesamiento del joven, una decisión que, a la luz de los nuevos elementos incorporados a la investigación, adquiriría una dimensión distinta al permitir inferir la posible influencia de factores externos ilegítimos.

El escrito destaca especialmente que el incidente relacionado con la situación procesal de Martínez Parada incluía el análisis de una eventual prisión preventiva, circunstancia que, según la querella, aumentaba la capacidad de presión sobre la familia denunciante.

¿Qué pruebas se encontraron en el celular de Ontiveros?

Entre las pruebas mencionadas aparecen pericias realizadas sobre el teléfono celular de Ontiveros. De acuerdo con la investigación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, en el dispositivo se encontraron anotaciones que evidenciarían acceso a información reservada vinculada con la Cámara Federal de Tucumán.

Uno de los registros señalados corresponde al 4 de febrero de 2022 e incluye una referencia a una supuesta clave informática asociada al entorno del magistrado. Para la querella, este dato constituiría un indicio relevante sobre el acceso a credenciales o información sensible relacionada con los sistemas informáticos del tribunal.

Asimismo, se menciona una anotación fechada el 16 de diciembre de 2022 en la que aparece expresamente el nombre de Jerónimo Martínez Parada junto a referencias vinculadas a funcionarios judiciales, lo que, según la denuncia, demostraría un seguimiento anticipado de la causa pese a que Ontiveros no era parte formal del expediente.

La presentación agrega que durante 2023 se registraron otras anotaciones correspondientes a los días 30 de marzo, 14 de mayo y 30 de junio. En ellas aparecerían referencias a personas vinculadas a distintas causas judiciales, gestiones relacionadas con expedientes y distribución de sumas de dinero, incluyendo menciones a ganancias y montos específicos. Para la querella, estos elementos podrían sugerir la existencia de una operatoria económica vinculada a las actividades investigadas.

¿Qué reveló una captura de pantalla de acceso restringido?

Otro de los puntos considerados de especial gravedad es una captura de pantalla obtenida el 30 de mayo de 2024 correspondiente a una resolución judicial alojada en una dirección electrónica de acceso restringido del Poder Judicial. Según la denuncia, el contenido habría sido extraído desde sistemas inaccesibles para terceros ajenos a los tribunales.

La querella acompañó además un informe forense informático que, mediante coordenadas geográficas, ubicaría la toma de esa imagen dentro del edificio donde funcionan los juzgados federales y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

¿Qué ocurrió en abril de 2025?

Para Robles, uno de los momentos más significativos de la investigación se ubica en abril de 2025, cuando el expediente vinculado a la prisión preventiva del hijo del denunciante se encontraba bajo análisis de la vocalía de Leal. Según la presentación, durante ese período se habría producido una reunión en la que Ontiveros fue trasladado en un vehículo oficial asignado al camarista.

La denuncia incorpora un video en el que, según la querella, puede observarse descender del vehículo a una persona que sería el propio magistrado. El escrito vincula ese encuentro con una supuesta negociación económica, destacando la expresión “40 y 40”, interpretada por los denunciantes como una referencia a una exigencia monetaria.

¿Qué otros vínculos se detectaron?

Entre los elementos aportados también se menciona que la billetera virtual del Banco Nación perteneciente al magistrado estaría vinculada al número telefónico utilizado por Ontiveros. Asimismo, los investigadores habrían encontrado en el dispositivo del abogado procesado múltiples referencias directas al camarista, incluyendo menciones operativas y datos vinculados a accesos informáticos.

La presentación concluye señalando que las conductas atribuidas a Ontiveros no constituirían hechos aislados, sino que formarían parte de una estructura destinada a influir indebidamente en decisiones judiciales mediante el uso de información privilegiada y la explotación de vínculos dentro del Poder Judicial. En ese contexto, la querella sostiene que las figuras de Mario Leal, Solana Casella y los hermanos de Ontiveros aparecen comprometidas de manera objetiva dentro de la investigación.

Por ese motivo, el abogado solicitó al Consejo de la Magistratura que impulse las actuaciones correspondientes para determinar si existieron incumplimientos a los deberes de independencia, imparcialidad, integridad y probidad que deben regir el desempeño de los magistrados, y para establecer las responsabilidades que eventualmente pudieran surgir de la investigación.