Denuncian una asociación ilícita por un reclamo millonario sin póliza de seguro

Las autoridades de la Caja Popular de Ahorros presentaron una denuncia penal por presunta asociación ilícita en torno a una demanda de $1.400 millones del exjugador Adrián Arregui, quien no tenía cobertura del organismo. El caso expone irregularidades que podrían afectar gravemente las finanzas provinciales y ya está bajo investigación judicial.

El interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante confirmaron la denuncia en una conferencia de prensa. Advirtieron que el perjuicio para el Estado provincial podría superar los $1.400 millones, destacando la gravedad institucional del hecho.

¿Qué reveló la investigación interna?

Un informe interno de la Caja, fechado el 13 de marzo de 2026, alertaba sobre una “sentencia condenatoria inminente” por más de $450 millones, con posibilidad de escalar hasta $1.200 o $1.400 millones incluyendo intereses. Este documento fue clave para decidir avanzar penalmente.

Las autoridades fueron categóricas al afirmar que “este jugador no tiene póliza con la Caja Popular”. Remarcaron que el club San Martín reconoció formalmente que los futbolistas nunca estuvieron incluidos en el sistema de ART del organismo, dejando en evidencia la falta de relación contractual.

¿A quiénes apunta la denuncia?

La denuncia penal apunta a un posible entramado entre el demandante, profesionales médicos y actores vinculados al proceso judicial. Se sospecha que esto permitió sostener un reclamo millonario sin respaldo legal, utilizando la figura de asociación ilícita.

También se centra en la gestión anterior que contrató al estudio jurídico Iezzi y Varone Asociados en Buenos Aires. Las actuales autoridades señalaron que este estudio dejó a la CPA en “indefensión total” al no responder la demanda, sugiriendo una posible connivencia.

¿Qué contradicciones surgieron?

Mientras un informe médico otorgó al jugador un 45% de incapacidad, clave para calcular la indemnización, desde la Caja recordaron que Adrián Arregui continuó su carrera profesional y compitió a nivel internacional poco después de iniciado el reclamo. Esto pone en duda la veracidad de esa evaluación.

El origen del conflicto se remonta a una lesión sufrida en 2019, tras la cual el jugador volvió a la actividad en un corto plazo. Años después, inició una demanda laboral en la provincia de Buenos Aires, lo que abrió interrogantes sobre la jurisdicción elegida.

¿Es un caso aislado?

La investigación interna detectó que no se trata de un hecho aislado. Según los informes analizados, existirían otros reclamos de futbolistas en condiciones similares, sin haber estado asegurados por la Caja, lo que podría multiplicar el impacto económico para las arcas provinciales.

¿Cuál es la estrategia actual?

La estrategia de la intervención es clara: frenar el avance del juicio laboral que tiene audiencia prevista para fines de abril y avanzar con la investigación penal para determinar responsabilidades. Ya notificaron formalmente a San Martín de Tucumán y advirtieron que, si existe una condena, ejercerán el derecho de repetición contra el club para recuperar los fondos públicos comprometidos.