Denuncian al juez de la quiebra de SanCor ante la Corte Suprema: ¿qué oculta el expediente?

El proceso de quiebra de la histórica cooperativa láctea SanCor suma un nuevo capítulo de alto voltaje. Un síndico independiente denunció formalmente al juez Marcelo Gelcich ante la Corte Suprema de Santa Fe por presuntas irregularidades que habrían beneficiado operaciones opacas y neutralizado las auditorías de control.

La presentación, a la que accedió TN, describe un entramado deliberado para concentrar el manejo de activos millonarios y favorecer transacciones de dudosa transparencia. Según el denunciante, el juez Gelcich habría vulnerado la Ley de Concursos y Quiebras al crear un esquema de poder paralelo dentro del expediente.

¿Cómo se gestó el supuesto esquema paralelo?

El síndico sostiene que el magistrado designó de manera directa y arbitraria a una coadministradora, la contadora Lucila Inés Prono, eludiendo el sorteo legal obligatorio que exige el registro de la Corte Suprema. Aunque inicialmente esta figura debía asistir a los síndicos ante las dificultades para obtener información de la empresa, la denuncia advierte que terminó asumiendo funciones exclusivas de la sindicatura, transformándose en un “órgano de supresión de control”.

La acusación describe una división interna: mientras los síndicos independientes Juan Tomat y Oscar Epstein mantuvieron una postura de fiscalización estricta, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se habría alineado con las directivas del juzgado y la coadministradora en un bloque que acaparó las decisiones de liquidación de activos, elaboración de pliegos y manejo de ofertas comerciales estratégicas.

Maniobras bajo sospecha: la desaparición de 24.640 kilos de queso

La presentación judicial detalla episodios específicos en los cuales la exclusión de los síndicos disidentes “habría afectado gravemente las finanzas de SanCor, promoviendo operaciones directas y sin mecanismos de competencia”. En uno de los casos, la intervención del sector independiente logró forzar una corrección que incrementó el valor de una transacción en US$635.000.

Pero el punto más alarmante revela la misteriosa desaparición de 24.640 kilogramos de queso que se encontraban bajo resguardo judicial (warrants). El valor estimado del faltante asciende a al menos US$209.440, dinero que nunca ingresó a las cuentas bancarias del juzgado. El magistrado Gelcich rechazó la denuncia, validó un acuerdo privado posterior entre la empresa y el acreedor, y sancionó con un apercibimiento a los profesionales que expusieron la irregularidad.

Un método sistemático de hostigamiento

El denunciante relató ante el máximo tribunal santafesino que el juzgado aplicó una metodología basada en “fabricar incumplimientos”. El mecanismo “consistía en fijar plazos de imposible ejecución material para luego aplicar severas sanciones a la sindicatura disidente y transferir, por vía de castigo, sus tareas de control a las manos de la coadministradora afín”.

Este clima de hostigamiento provocó que el síndico Epstein terminara renunciando. Sin embargo, en lugar de cubrir la vacante mediante un nuevo sorteo legal, el juzgado mantuvo una sindicatura reducida, preservando las facultades de la coadministración y marginando al denunciante de etapas cruciales. Destacan puntualmente la cuestionada tasación de las unidades productivas —definida en apenas seis días y con el incendio de la planta de Sunchales en el medio— cuyos valores actuales “perjudican abiertamente los intereses de los acreedores”.

Ante la gravedad de los hechos, el síndico solicitó a la Corte Suprema una investigación urgente, medidas de protección para asegurar la independencia de su tarea y la apertura de un sumario administrativo contra el juez Gelcich.