Denuncian a la cúpula de OSPIA por administración fraudulenta y desvío de fondos

La obra social de los trabajadores azucareros enfrenta una grave denuncia judicial que apunta a sus máximas autoridades por presuntas maniobras irregulares con recursos de la seguridad social. Un afiliado presentó un escrito ante la Justicia Federal y la UIF que detalla un supuesto entramado de sobrefacturaciones, proveedores fantasma y desvío de fondos desde 2021.

¿Quiénes son los denunciados?

La presentación judicial señala al presidente de OSPIA, Juan Ramón Correa; al tesorero Carlos Castillo; y a otros miembros de la estructura directiva y administrativa. El denunciante solicitó medidas urgentes para preservar documentación financiera y contable clave para la investigación.

Las maniobras bajo la lupa

Según la denuncia, las irregularidades incluyen sobrefacturaciones en prestaciones médicas, contrataciones con proveedores vinculados a las autoridades y pagos sin respaldo documental. Uno de los puntos más sensibles es el área de discapacidad, donde se habrían dado de baja a afiliados electrodependientes y con patologías complejas mientras aumentaban las facturaciones por tratamientos específicos.

También se denuncian incumplimientos en la cobertura de medicamentos oncológicos, cirugías y prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO). Varios afiliados habrían tenido que recurrir a amparos judiciales para acceder a servicios esenciales.

¿Qué más se investiga?

La denuncia describe un supuesto circuito de facturación irregular a través de empresas de traumatología y ortopedia que concentraron contrataciones millonarias. Además, se pide investigar el patrimonio de directivos y familiares, que incluiría propiedades y vehículos sin relación con sus ingresos declarados.

Entre las medidas solicitadas figuran el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los denunciados, auditorías de contrataciones desde 2021, análisis de transferencias y revisión de cuentas bancarias y cajas de seguridad.

La denuncia alcanza a empleados administrativos, miembros del Consejo Directivo y prestadores médicos que habrían participado en supuestas maniobras de triangulación de fondos. Ahora la Justicia deberá evaluar si hay elementos para abrir una causa penal.