Denuncian a dos abogados por estafar a una joven víctima de abuso sexual: lo que hicieron con su indemnización

Dos abogados fueron denunciados por desapoderar de sus bienes a una joven de 21 años, a quien representaban legalmente tras haber sido víctima de abuso sexual. La víctima había obtenido una reparación integral del daño que incluía una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en unos 50 millones de pesos.

¿Cómo se gestó la presunta estafa?

Según la denuncia, el vehículo fue vendido por 33,5 millones de pesos a Gastón Gatti, un allegado y amigo de Alfredo Aydar. A partir de ahí, los abogados habrían iniciado una maniobra para quedarse con el dinero. La denunciante relató que Alfredo Aydar le aseguró que el sistema financiero no era seguro y que “podía volver el corralito”, desaconsejándole depositar los fondos en un banco. También le advirtió que corría riesgo de sufrir violentos robos o presiones por parte del entorno del abusador.

“Estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor, generar dependencia y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio a los hermanos Aydar”, detalla la presentación judicial.

Préstamos sin garantías y honorarios desmedidos

Uno de los puntos más oscuros es el destino de los fondos bajo la pantalla de colocaciones financieras secundarias. La causa incorpora audios y chats donde supuestamente Alfredo Aydar reconoce haber colocado el dinero de la víctima en supuestos préstamos a terceros en Santiago del Estero, prometiendo un interés mensual del 2,5%. Sin embargo, no existen nombres de los tomadores, domicilios, garantías ni contratos que respalden el movimiento del capital, todo sin autorización escrita de la víctima.

Debido a estas maniobras de captación y colocación habitual de fondos sin autorización del BCRA, el caso abre una línea de análisis legal. Fuentes judiciales aclaran que la Justicia Federal podría investigar el presunto delito de intermediación financiera no autorizada.

En paralelo, los abogados justificaron la retención de otras sumas bajo el argumento de haber presentado más de 100 escritos judiciales, pretendiendo cobrar 650.000 pesos por cada presentación, sin que existiera un convenio de honorarios ni rendición de cuentas.

Medidas de coerción y allanamientos

La jueza Cintia Rocha autorizó allanamientos en un estudio jurídico y un domicilio particular, donde se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación que ya está siendo peritada. La causa se tramita bajo perspectiva de género debido a la asimetría de poder entre las partes. La víctima tiene 21 años, está desempleada, es madre de un bebé de dos meses y el dinero de la indemnización era su único sustento.