Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones millonarias: los detalles que no contaron

La concejal alfarista Ana González presentó una denuncia penal contra cinco secretarios municipales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, señalando contrataciones directas “irregulares” que suman $2.700 millones. La presentación, realizada ante el Ministerio Público Fiscal, apunta a los secretarios de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; de Gobierno, Camila Giuliano; al contador General, Marcelo Albaca; al secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa; y al de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.

Según el texto de la demanda, al que accedió este medio, se detectó un “patrón de conducta consistente en la contratación directa de determinadas cooperativas de trabajo”. La acusación sostiene que los funcionarios firmaron convenios por “sumas millonarias” bajo la justificación de “situaciones de necesidad y urgencia” para tareas “ordinarias, previsibles y programables”.

¿Qué irregularidades se detectaron?

La denuncia asegura que, en al menos una docena de casos, las empresas contratadas “no se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad” y que “carecían incluso de inscripción ante los organismos tributarios competentes”. Recién en el mismo mes en que fueron requeridas regularizaron su situación, según el escrito.

Otro punto clave es que los montos resultan “prima facie manifiestamente excesivos”, lo que aporta “indicios suficientes para impulsar la investigación penal por malversación de caudales públicos y cohecho pasivo”. El monto más alto denunciado corresponde a $398 millones para la adquisición de 165 kits de “micro embarcado” para el transporte público a través de la cooperativa Providers S.A.

Respuesta oficial: “busca protagonismo”

Desde la gestión de Rossana Chahla aseguraron que no habían sido notificados formalmente, aunque manifestaron su “firme voluntad de estar a disposición y cumplir con todo lo que requiera la Justicia”. El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, acusó a González de impulsar una acusación “claramente política por una persona que fue parte, durante ocho años, del gobierno de Germán Alfaro; una gestión que estuvo reiteradamente señalada y denunciada por hechos de corrupción y que jamás dio explicaciones a los vecinos”. Incluso, recordó que la denunciante fue exonerada del municipio por la desaparición de una camioneta oficial.

Enriquecimiento ilícito: el viaje a China y el crédito millonario

La demanda también apunta contra el contador General, Marcelo Albaca, por presunto enriquecimiento ilícito. Se menciona un viaje al exterior a China y se adjunta el estado de deuda del funcionario. “Se ha podido constatar que registra a su nombre un crédito hipotecario del Banco Nación por $415 millones para la adquisición de un inmueble en el Country del Golf”, dice el texto. Y agrega: “Este tipo de créditos cubre entre el 60 y 70% del valor total, lo que permite inferir un desembolso en efectivo de entre $120 y $160 millones, incompatible con los ingresos de un funcionario municipal”.

Por todo ello, la denunciante solicita un allanamiento urgente en la Municipalidad para secuestrar expedientes de compras directas y registros de proveedores; informes del Ipacym, ARCA y Rentas de la Provincia; allanamientos en domicilios de las cooperativas cuestionadas; y la autorización del Banco Nación sobre el crédito hipotecario de Albaca.

Las 12 contrataciones bajo la lupa

Son 12 contrataciones las que cuestiona González. Algunas corresponden a tareas de desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios verdes –como la firmada con la cooperativa Proyectar Futuro por $394 millones por tres meses en febrero del año pasado– y otras a la fabricación e instalación de refugios de paradas de colectivos –como la pactada con Atres Impresiones por $398,6 millones para 40 dispositivos–. “Es un patrón reiterado de actuación administrativa consistente en la utilización sistemática del mecanismo de contratación directa para tareas que debieron ser canalizadas mediante licitación pública”, concluye la demanda.