Denuncia por violencia política sacude el Concejo de Yerba Buena: cruce de versiones y amenaza de expulsión

Una acusación de violencia institucional y psicológica enfrenta a dos concejales de Yerba Buena, derivando en una batalla legal con versiones diametralmente opuestas. La denuncia, cargada de tensión, promete escalar hasta las últimas consecuencias dentro del recinto municipal.

La concejal Gabriela Garolera realizó una presentación policial el viernes, acusando a su par Walter “Kabuby” Aráoz de increparla con actitud intimidante durante una reunión de Labor Parlamentaria. Según su relato, el edil se presentó alrededor de las 11.30 y la abordó con malos tratos.

El episodio denunciado estaría vinculado a un proyecto de ordenanza impulsado por Garolera que propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios. La concejal sostiene que la reacción de Aráoz se produjo en ese contexto de discusión política.

Un antecedente que agrava la situación

En su denuncia, Garolera también dejó constancia de un incidente previo ocurrido el 30 de septiembre de 2025, donde habría sufrido actos de hostilidad y destrato. Por ello, solicitó que el caso sea analizado con perspectiva de género.

Entre las medidas de protección requeridas, la edil pidió el cese inmediato de conductas intimidatorias, la prohibición de acercamiento a su domicilio y despacho, y la adopción de dispositivos de seguridad específicos para la sesión del jueves.

La contundente negativa y la contraofensiva

Desde el otro lado del conflicto, Walter Aráoz negó de manera categórica todos los hechos. Aseguró que se trata de una acusación falsa y que no mantuvo ningún tipo de contacto, ni siquiera visual, con Garolera durante la mencionada reunión.

El edil, quien afirmó no haber sido notificado formalmente por la Justicia, anticipó que avanzará con una contra denuncia. Expresó su intención de llevar el caso hasta las últimas instancias, incluso solicitando la expulsión de Gabriela Garolera del cuerpo deliberativo.

“Quiero que se diga exactamente lo que pasó. Voy a ir a la Justicia y ella deberá probar lo que afirma”, manifestó Aráoz con firmeza. Además, adelantó que pedirá al presidente del Concejo, Javier Jantus, la emisión de un comunicado institucional que refleje lo ocurrido.

Con el conflicto ya judicializado y ambas partes firmes en sus posturas, el caso abre un nuevo capítulo de tensión política en el ámbito legislativo municipal. Ahora, será la Justicia la encargada de determinar el alcance y la veracidad de los hechos denunciados en Yerba Buena.