Denuncia judicial pone bajo la lupa créditos millonarios a funcionarios y legisladores

Una presentación de la Coalición Cívica ante la Justicia busca determinar si préstamos hipotecarios del Banco Nación a figuras del oficialismo y sus aliados respondieron a una lógica de favores políticos. La denuncia, impulsada por la diputada nacional Mónica Frade, incluye nombres de peso como el diputado tucumano Mariano Campero y otros funcionarios y legisladores cercanos al Gobierno de Javier Milei.

El expediente judicial no se limita a cuestionar el acceso a créditos por cifras millonarias, sino que introduce una sospecha más delicada: si algunos de esos préstamos funcionaron como compensación política para dirigentes que se volvieron útiles al Gobierno en momentos decisivos. La investigación deberá establecer si los fondos del banco público “se están usando para pagar favores políticos”, según advirtió Frade.

¿Quiénes están señalados en la denuncia?

Además de Mariano Campero, la lista incluye a Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central; Felipe Núñez, director del BICE y hombre cercano al equipo de Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Emiliano José Mongilardi, director de YPF; y los diputados Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.

El listado mezcla funcionarios con poder de decisión económica, armadores del relato oficial y legisladores claves para la gobernabilidad del mileísmo. La presencia de Campero adquiere una dimensión política particular: no aparece como un caso aislado, sino como parte de una nómina de dirigentes oficialistas o funcionales al oficialismo que habrían accedido a créditos millonarios mientras sostenían al Gobierno en áreas estratégicas o en el Congreso.

Montos que alimentan la controversia

Según la presentación, los montos involucrados son significativos. Juan Pedro Inchauspe habría accedido a un crédito de $510 millones, mientras que Felipe Núñez también aparece vinculado a operaciones por cifras de esa magnitud. Federico Furiase figura con un préstamo de $376 millones, Emiliano José Mongilardi con $309 millones, Santiago Santurio con alrededor de $340 millones, y Lorena Villaverde con un crédito de $227 millones. En el caso de Juan Pablo Carreira, la denuncia menciona una operación por $113 millones.

La situación de Villaverde aparece especialmente subrayada en la denuncia. Allí se sostiene que una sucursal del banco en Cipolletti le habría rechazado inicialmente la carpeta y que el obstáculo se habría destrabado luego por intervención de la conducción de la entidad. Ese punto, si se comprobara, podría reforzar la hipótesis de un tratamiento excepcional para dirigentes políticamente cercanos al oficialismo.

¿Qué debe investigar la Justicia?

El planteo judicial pide revisar si los créditos fueron otorgados respetando los manuales internos del Banco Nación, las exigencias de capacidad de pago, la estabilidad de los ingresos, las garantías ofrecidas y la trazabilidad de cada aprobación. En otras palabras, la Justicia deberá determinar si Campero y los demás dirigentes señalados accedieron a un producto bancario común o si fueron beneficiarios de un tratamiento excepcional.

La presentación también solicitó medidas de prueba concretas: el acceso a los legajos completos de los créditos, las actas del directorio del Banco Nación, informes periciales sobre las condiciones de otorgamiento y documentación que permita establecer si hubo violaciones a la normativa interna o a los estándares habituales de evaluación crediticia.

Otro de los puntos que podrían complicar a los involucrados es el análisis de las relaciones entre quienes aprobaron los préstamos y quienes resultaron beneficiados. Si de esa documentación surgiera que hubo vínculos políticos o jerárquicos determinantes en la aprobación, el expediente podría avanzar hacia figuras penales mucho más delicadas, como el presunto tráfico de influencias.

La defensa del Banco Nación y la dimensión política

Mientras tanto, desde el Banco Nación intentaron desactivar el escándalo y sostuvieron que no hubo “nada ilegal ni turbio”, al asegurar que todos los créditos fueron evaluados bajo las mismas condiciones que cualquier otra operación. Sin embargo, esa defensa institucional no alcanza para cerrar la dimensión política del caso.

El dato político no es menor. Campero construyó en los últimos meses una identidad pública muy asociada al discurso de la austeridad, el ajuste y el fin de los privilegios de la política. Por eso, que ahora su nombre aparezca en una causa que busca determinar si hubo trato preferencial desde un banco estatal representa un golpe particularmente incómodo.

La situación también reabre una discusión que en Tucumán ya empieza a tomar temperatura: hasta qué punto algunos dirigentes opositores que se acercaron a Milei terminaron obteniendo beneficios concretos por esa cercanía. En el caso del diputado tucumano, la sospecha judicial no afirma que eso haya ocurrido, pero sí deja abierta una línea de investigación políticamente explosiva.

Y en ese escenario, Mariano Campero quedó en el centro de una investigación que puede tener consecuencias mucho más profundas que las estrictamente bancarias: si la Justicia encuentra elementos que confirmen favoritismos, el diputado tucumano podría quedar asociado a una de las sospechas más sensibles del mileísmo en el uso del Estado: premiar a los propios mientras se exige ajuste al resto.