Demanda millonaria por El Cadillal: designan peritos clave en el juicio contra la concesionaria

El avance en la etapa de pruebas podría definir si la Provincia recupera los miles de millones invertidos en la reparación de una presa crítica. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de Buenos Aires ordenó la designación de tres peritos para analizar los argumentos de Hidroeléctrica Tucumán SA, la empresa demandada. El Gobierno provincial busca que la firma devuelva los fondos destinados a la obra en el dique “Celestino Gelsi”.

La resolución del juez federal Enrique Alonso Reguera rechazó las oposiciones presentadas por el Estado tucumano y el Estado nacional, quienes se habían manifestado en contra de las pruebas periciales ofrecidas por la compañía concesionaria. Esto marca un punto de inflexión en el proceso judicial.

¿Quiénes son los peritos y qué deben hacer?

Los profesionales designados a través del sistema de la Corte Suprema son la contadora Paola Coccia, la geóloga Florencia Victoria López Marcomini y el ingeniero hidráulico Martín Torres. Su tarea será expedirse sobre todos los puntos de la pericia solicitada por Hidroeléctrica Tucumán SA.

El tribunal les otorgó un plazo de 20 días hábiles para presentar sus informes técnicos. Estos dictámenes serán fundamentales para evaluar las posiciones enfrentadas en la causa.

La estrategia de la empresa y los montos en juego

Desde el Poder Ejecutivo tucumano confían en los “sólidos informes técnicos” presentados para demostrar la necesidad de los trabajos en la presa lateral N° 3. Sin embargo, la estrategia de la firma demandada parece apuntar a dos frentes.

Por un lado, busca demostrar su insolvencia para afrontar los costos de la obra reparadora. Por el otro, argumenta que la responsabilidad de ejecutar dichos trabajos no le correspondía, motivo por el cual incluyó al Estado nacional como codemandado en el litigio.

La Provincia, a través de la Fiscalía de Estado que conduce Gilda Pedicone, persigue recuperar una suma millonaria. Las estimaciones oficiales indican que se destinaron aproximadamente $15.300 millones (a valores de diciembre de 2023) a las dos etapas del proyecto, ejecutado desde el verano de 2023. Esta cifra podría ser actualizada durante el juicio.

Dique El Cadillal

El debate técnico y legal detrás de la demanda

En octubre pasado, la Fiscalía de Estado se opuso firmemente a las pericias ofrecidas por la empresa. Consideró que la prueba pericial contable y la técnica geológica eran “manifiestamente improcedentes, inconducentes e inadmisibles”.

Sobre los informes contables, la Provincia argumentó que temas como la evolución económica-financiera de la concesión o la utilidad anual de la empresa eran “ajenos a la cuestión debatida”. Respecto a la pericia técnica, sostuvo que pretendía desviar el debate hacia “cuestiones técnicas e históricas ajenas al incumplimiento alegado”.

Hidroeléctrica Tucumán SA defendió la necesidad de ambas pruebas. Sostuvo que la pericial contable demostraría que el quebranto de la ecuación económica fue de tal magnitud que la imposibilitaba de realizar la obra, responsabilizando de esta situación al Estado nacional por su política de precios.

En cuanto a la pericia geológica, la empresa aseguró que es “absolutamente necesaria” para determinar quién debe afrontar el pago en caso de una condena.

La decisión del juez y los próximos pasos

Al evaluar los argumentos, el magistrado recordó que una prueba es improcedente cuando no se refiere a los hechos articulados y controvertidos. Consideró que las pericias ofrecidas por la demandada sí se vinculan con los hechos del caso.

En virtud del “principio de amplitud probatoria”, el juez Alonso Reguera concluyó que la producción de estas pruebas no resulta manifiestamente inconducente. Además, advirtió que se debe contemplar el derecho de las partes a acreditar los hechos que alegan.

Con la designación de los peritos, el proceso entra en una fase crucial. Los informes que elaboren en las próximas semanas aportarán elementos técnicos clave para que el juez federal pueda dirimir una de las demandas de mayor envergadura económica promovidas por la Provincia.

/La Gaceta