Declarar la emergencia por las inundaciones en el sur: el sorpresivo giro que tomó la sesión en la Legislatura

Un proyecto clave para declarar la emergencia económica y social por las inundaciones en el sur tucumano fue retirado de la sesión legislativa. La decisión no se debió a un cambio político, sino al descubrimiento de que ya existe una ley vigente que cubre esta situación, evitando una superposición legal innecesaria.

La iniciativa, que contaba con dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto y apoyo parcial de la oposición, quedó finalmente fuera del temario. Las autoridades parlamentarias detuvieron su avance al constatar que la provincia ya posee un marco legal activo para enfrentar este tipo de contingencias desde hace años.

¿Por qué se archivó el proyecto de emergencia?

La observación crucial fue planteada por el legislador opositor Claudio Viña, de Compromiso Tucumán. Viña, quien ya había firmado un dictamen en minoría rechazando el proyecto de Gerónimo Vargas Aignasse, calificó la propuesta como una “sobreactuación”.

El parlamentario recordó que desde 2007 rige la Ley de Emergencia Hídrica y Social (N° 7.875), la cual fue prorrogada recientemente hasta diciembre de 2026 mediante la Ley N° 9.941. Esta normativa contempla específicamente los escenarios de inundación que hoy afectan al sur provincial.

Una crítica profunda a las “leyes de emergencia”

Claudio Viña profundizó su postura crítica en declaraciones públicas, cuestionando la efectividad de este tipo de herramientas. Sostuvo que, en su visión, muchas veces habilitan mecanismos de gasto con menor control administrativo sin resolver los problemas de fondo.

“Las leyes de emergencia no funcionan”, afirmó Viña, señalando la persistencia de las inundaciones como prueba de la falta de soluciones estructurales. Su argumento fue clave para que las fuentes parlamentarias reconsideraran la inclusión del tema en el orden del día.

La sesión continúa con otros temas clave

La sesión, presidida por Sergio Mansilla en su rol de titular subrogante de la Cámara, avanzó finalmente con una agenda de 13 puntos. Entre los proyectos tratados destaca una iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar el Código Tributario Provincial.

El objetivo es actualizar el tope de ingresos para acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario. Actualmente el beneficio se limita a quienes no superen un Salario Mínimo, Vital y Móvil, pero al estar la jubilación mínima por encima de ese monto, muchos quedan excluidos. La propuesta busca elevar el umbral a dos salarios mínimos.

Otro punto importante fue un proyecto de Vargas Aignasse para ceder en comodato por 20 años un terreno de 1.500 m² en Cebil Redondo al Ministerio de Salud Pública. El destino es la construcción de una policlínica, respondiendo al crecimiento poblacional de la zona.

Además, el temario incluyó dos proyectos para transferir gratuitamente inmuebles al municipio de La Cocha, con el fin de regularizar la situación dominial de espacios que ya funcionan como oficinas públicas y centros educativos.

Así, en un contexto marcado por la crisis climática en el sur tucumano, la Legislatura optó por no duplicar instrumentos legales y concentrarse en una agenda que busca ordenar otras áreas de gestión provincial, dejando la atención de la emergencia hídrica en el marco normativo ya existente.