Declaraciones explosivas: un gobernador en la mira de la Justicia federal por lo que dijo sobre Milei

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia formal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por declaraciones que vinculó con “incitación a la violencia colectiva”. La presentación judicial, realizada en los tribunales de Comodoro Py, busca que se investigue al mandatario por sus palabras en una entrevista radial, donde afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y habló de “sacrificios que valen la pena”, en referencia a la crisis de 2001. La Rioja es, según el propio artículo, la única provincia que no paga sus deudas y está en quiebra.

En su escrito, el fiscal Stornelli sostiene que las manifestaciones públicas de Quintela “podrían ser susceptibles de adecuación típica en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”. El documento subraya la gravedad institucional del caso, por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades.

¿Qué dijo exactamente Quintela?

Las polémicas declaraciones fueron emitidas en el programa “Mañana Sylvestre”, que conduce Gustavo Sylvestre por Radio 10. El fiscal transcribió dos frases clave en su denuncia. La primera hace referencia a la crisis de 2001: “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 39 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo”.

La segunda frase apunta directamente a la duración del mandato presidencial: “Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado”. Según el medio citado en la información, Stornelli considera que estas palabras podrían encuadrar en cinco delitos del Código Penal: intimidación pública, apología del crimen, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición.

La petición concreta del fiscal

Carlos Stornelli no solo presentó la denuncia, sino que también solicitó que se realice una declaración indagatoria al gobernador de La Rioja “en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación”. Este artículo establece el procedimiento para interrogar a una persona cuando existen motivos suficientes para sospechar que ha participado en la comisión de un delito. La presentación judicial busca que, mediante la instrucción sumarial correspondiente, se investigue la materialidad de los hechos y se deslinde la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El escrito del fiscal comienza señalando: “Habiendo llegado a mi conocimiento -en razón de haber tomado estado público- la posible comisión de delitos de acción pública por parte del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela, en virtud de las circunstancias que seguidamente se expondrán, vengo a promover esta denuncia…”.

La respuesta política: el cruce de Martín Menem

La noticia generó una inmediata reacción en el ámbito político. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oriundo de La Rioja, cruzó duramente al gobernador Quintela. “Es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023 y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, comenzó diciendo Menem.

El diputado agregó críticas personales y de gestión: “Eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”. Luego realizó graves acusaciones: “Se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor”. Menem culminó afirmando que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina, con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.

El caso queda ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si las declaraciones del gobernador Quintela constituyen un delito o se enmarcan dentro de la libertad de expresión política. La denuncia del fiscal Stornelli marca un nuevo capítulo de tensión entre el gobierno nacional y una de las provincias opositoras.