Declaración espontánea en causa judicial revela acusación de maniobra para destruir carrera de abogada

Una presentación escrita por Luis Alejandro Ontiveros, imputado en una causa por presunto tráfico de influencias, sostiene que su situación legal es el resultado de una estrategia diseñada para perjudicar la carrera de su esposa, la abogada y relatora Solana Casella. El escrito, dirigido a la Cámara Federal de Apelaciones, argumenta que la investigación coincide con el proceso de selección donde Casella integra la terna para ser jueza Federal N° 1 de Tucumán.

Ontiveros afirma que se trata de una “causa armada” con el objetivo de erosionar el posicionamiento institucional de su pareja. Según su declaración, la denuncia se utiliza como un “instrumento de presión y descrédito” ante el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo Nacional.

¿Cómo comenzó la investigación?

La causa se inició el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigación en la actual ARCA (ex AFIP), se presentó ante la fiscalía. Relató un presunto intento de venta de sentencias, acusando a Ontiveros de ofrecer un fallo favorable para el hijo del denunciante, Jerónimo Martínez Parada, a cambio de entre 80.000 y 100.000 dólares.

Jerónimo Martínez Parada está procesado por lavado de activos en Catamarca. La investigación está liderada por el fiscal Agustín Chit y supervisada por el juez José Manuel Díaz Vélez.

¿Qué evidencias se han presentado?

La fiscalía ha acumulado indicios que conectan a Ontiveros con el entorno de la Cámara Federal de Apelaciones. Uno de los puntos críticos es que Ontiveros habría utilizado para sus encuentros un vehículo Fiat Toro registrado a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignado específicamente a la vocalía del camarista Mario Leal.

Según el requerimiento de indagatoria, Ontiveros es señalado como “sobrino” de Leal. Además, utilizaba la billetera virtual del camarista para gastos personales y compartía cátedra docente con él y con Casella en la Universidad Nacional de Tucumán.

La querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, aportó una grabación realizada con micrófonos ocultos y capturas de pantalla. Sin embargo, la defensa señaló que, según un informe de Gendarmería, el único audio aportado que existe en el expediente es inaudible, aunque no se cuestionó su validez.

¿Qué argumenta la defensa?

Ontiveros fue enfático al señalar que su esposa, Solana Casella, se encontraba de licencia por maternidad ininterrumpida entre el 30 de enero y el 2 de junio de 2025. Este periodo coincide con el momento en que, según la acusación del fiscal Chit, se habrían gestado las maniobras ilícitas.

“Es materialmente imposible que ella tuviera acceso al expediente o injerencia en las resoluciones”, sostiene el abogado. Remarcó que el relator de la causa que afectaba al hijo del denunciante era Patricio Arroyo y no Casella.

Para la defensa, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, la mención de Casella en la denuncia de Martínez Salazar Pérez es una “invención maliciosa”. Afirman que busca dotar de una apariencia de veracidad a un relato que, a su juicio, carece de sustento fáctico y temporal.

¿Qué complicaciones adicionales enfrenta Ontiveros?

La investigación ha puesto bajo la lupa la extrema cercanía entre Ontiveros y el camarista Mario Leal. Según el fiscal, Ontiveros se presentaba como “sobrino de corazón” de Leal.

La relación es tan estrecha que la casa donde viven Ontiveros y Casella “figura con una titularidad del camarista Mario Leal y anteriormente era titular la esposa del investigado, la dra Solana Casella”, dice el requerimiento de indagatoria. Además, el abogado posee extensiones de tarjetas de crédito del magistrado.

Para la fiscalía, estos elementos prueban el “aparente poder” que Ontiveros vendía a terceros para influir en las sentencias de la Cámara. El fiscal Chit ha acumulado otras evidencias, incluyendo capturas de pantalla y el análisis de un teléfono celular.

En el peritaje, se descubrió una captura de pantalla de un mail oficial de la Cámara en la que se leía parte del expediente con la situación legal del hijo del denunciante. Este mail es de uso exclusivo de la Cámara, algo a lo que Ontiveros no podría haber accedido normalmente.

¿Cómo responde Ontiveros a estas acusaciones?

Ontiveros contraatacó denunciando una “expedición de pesca” y acusando a la fiscalía de filtrar datos sensibles a la prensa para alimentar un linchamiento mediático. En su descargo, asegura que el Ministerio Público intenta criminalizar vínculos personales y profesionales.

Afirma que estos vínculos “jamás fueron reservados ni clandestinos”, y que la utilización de bienes del camarista responde a una relación de confianza familiar. Sostiene que esto no constituye delito alguno en el marco de su actividad como abogado particular.

La tensión en los tribunales de Las Piedras y Congreso es máxima. Se conoció que cuatro camaristas titulares debieron excusarse de intervenir por su relación directa con Leal. Mientras tanto, el juez Díaz Vélez analiza este descargo antes de poner fecha definitiva a la indagatoria de Ontiveros como imputado.

El abogado concluye su presentación afirmando que es víctima de una “estafa procesal”. Insiste en que las pruebas de la fiscalía son “inconsistencias que exhiben una carencia probatoria alarmante”, y que el foco real de la persecución es el despacho de su esposa y el control de una de las sillas más codiciadas de la justicia federal tucumana.