De candidata a intendenta a imputada: el oscuro negocio de las piletas que la tiene en la mira de la Justicia

La Justicia Penal de Santiago del Estero imputó a Noralí Sosa, ex candidata a intendente de La Banda, por presuntas estafas vinculadas a la venta de piletas de natación. Las denuncias señalan que varias personas pagaron por adelantado sumas millonarias por piscinas que nunca recibieron. En paralelo, el fuero civil ordenó un embargo por casi 9 millones de pesos sobre bienes de su empresa.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de denuncias presentadas ante la fiscal Eugenia Callegaris. Entre los casos, se encuentra el impulsado por el abogado Luis Barraza en representación de Jonathan Luis Gabriel Medina.

Medina habría endosado y transferido un cheque electrónico por $2.134.833 a favor de un tercero señalado por Sosa como proveedor, identificado como Carlos Javier Méndez. Según la denuncia, la acusada luego canceló la operación y aceptó la rescisión, pero desde entonces habría incurrido en reiteradas promesas de devolución que no se concretaron.

¿Qué patrón siguen las denuncias?

Las presentaciones comparten un patrón común: los denunciantes sostienen haber abonado de manera anticipada el costo total de piletas que, hasta la fecha, no fueron entregadas ni instaladas. Con estos elementos, trascendió que la fiscal Callegaris ya formalizó la imputación contra Sosa, aunque aún no se confirmó si se fijó fecha para su declaración indagatoria.

En simultáneo, la causa iniciada por la letrada Carla Sequeira tuvo impacto en el ámbito civil. Sequeira representa a Débora Cortez, una agente penitenciaria domiciliada en el barrio San Germés, quien en 2023 habría abonado a Sosa una suma superior a los $500.000 por una piscina que tampoco habría recibido.

Como resultado de esa acción, el 23 de febrero una oficial de Justicia se presentó en la firma Nor-Plast, dedicada a la comercialización de piscinas y ubicada en la intersección de la ruta 5 y la rotonda con la ruta 34.

Allí se procedió al embargo y retiro de tres piletas con el objetivo de cubrir un monto de $6.998.000 más otros $1.749.560. La medida fue dispuesta por el juez Civil y Comercial Maximiliano Pernigotti, titular del Colegio de Jueces Nº 1.

La empresa Nor-Plast, vinculada a la actividad comercial señalada en las presentaciones judiciales, fue el escenario donde se ejecutó el embargo. Los bienes retirados buscan resarcir parcialmente los montos reclamados por los denunciantes, quienes confiaron su dinero a la ex candidata política.

El caso expone una trama que mezcla actividad comercial y una trayectoria política previa, generando alerta entre quienes realizaron transacciones con la imputada. Las investigaciones en ambos fueros, penal y civil, continúan su curso para determinar responsabilidades y recuperar el dinero de las presuntas víctimas.