Confirmaron la investigación contra Alberto Fernández por violencia de género: ¿qué falta para que vaya a juicio?

La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la validez de la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, impulsada por la denuncia de su expareja Fabiola Yáñez. El tribunal rechazó el pedido de nulidad de la defensa, aunque ordenó al juez Daniel Rafecas producir nuevas pruebas antes de definir la situación procesal del exmandatario.

¿Qué decidió la Cámara?

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah firmaron la resolución este miércoles. Coincidieron en que no había fundamentos jurídicos para invalidar la causa, pero por mayoría consideraron que Rafecas debe incorporar determinadas pruebas solicitadas por la defensa y que habían sido rechazadas durante la instrucción.

La investigación, a cargo del fiscal Ramiro González, ya contaba con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Yáñez.

El origen de la causa

Todo comenzó en otra investigación por irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados de Fernández. En el teléfono de la exsecretaria presidencial María Cantero se hallaron conversaciones que darían cuenta de agresiones de Fernández hacia Yáñez, lo que motivó la acción penal. En febrero de 2025, el juez Julián Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades y lesiones graves, agravadas por amenazas coactivas. La Cámara Federal confirmó luego ese procesamiento.

La estrategia de la defensa

La abogada Silvina Carreira pidió declarar la nulidad de todas las actuaciones producidas durante la instrucción a cargo de Ercolini, quien fue apartado del expediente por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El argumento central era que esas pruebas estaban “contaminadas” y que su exclusión debía arrastrar el procesamiento del expresidente, el embargo y el resto de las medidas.

Rafecas ya había rechazado ese planteo en abril, al sostener que el apartamiento de Ercolini respondió únicamente a despejar cuestionamientos sobre su imparcialidad, y que la propia Cámara de Casación había ratificado expresamente la validez de todos los actos procesales cumplidos. Según su fallo, retrotraer la investigación “supondría un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario al principio de celeridad”.

¿Qué viene ahora?

La Cámara Federal respaldó ese criterio. Los magistrados recordaron que el fallo de Casación fue claro al disponer el apartamiento del juez anterior “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. También consideraron que retrotraer el proceso a un estado embrionario “revictimizaría” a la denunciante, y remarcaron que la causa ya fue examinada por distintos fiscales y atravesó diversas instancias revisoras que confirmaron la legalidad del procedimiento.

Pese a confirmar lo actuado, Boico y Farah encomendaron a Rafecas evaluar nuevas pruebas producidas por la defensa de Fernández para luego analizar la situación procesal del exmandatario. La decisión implica que el expediente no será elevado de inmediato a juicio oral.