Condenaron a los que encubrieron, pero el asesinato de Paulina Lebbos sigue sin respuesta: 20 años de impunidad

Veinte años después del crimen de Paulina Lebbos, la Justicia tucumana logró condenar a policías, funcionarios y hasta un fiscal por encubrimiento, pero nunca pudo determinar quiénes la asesinaron. El caso, que conmocionó a la provincia, dejó al descubierto una red estatal que manipuló pruebas y desvió la investigación.

La madrugada del 26 de febrero de 2006 marcó el inicio de un expediente que se convertiría en el más complejo de la historia judicial tucumana. Paulina Alejandra Lebbos desapareció tras salir de un boliche y su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año. Pero desde el primer momento, la versión oficial de la Policía no coincidió con la realidad.

¿Quiénes encontraron el cuerpo?

Los tribunales establecieron que los hermanos Marcelo Adrián Goitea y Sergio Luján Goitea fueron los verdaderos descubridores del cadáver, pero la documentación oficial fue adulterada para hacer creer que había sido personal policial. Esa fue la primera de una larga serie de maniobras para entorpecer la investigación.

A partir de allí se acumularon irregularidades: actas falsas, rastrillajes ficticios, pistas falsas y la utilización de estructuras estatales para obstaculizar el esclarecimiento del homicidio. La Justicia acreditó que hubo una “red de encubrimiento estatal” que operó desde los niveles más altos del poder.

Las condenas que llegaron

El primer gran juicio terminó con las condenas del ex subcomisario Enrique Antonio García y los policías Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina por falsificar documentación. Luego, la Justicia avanzó sobre la cúpula política y policial: el ex secretario de Seguridad Ciudadana Eduardo Oscar Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe Luis Nicolás Barrera y el ex titular de la Unidad Regional Norte Héctor Rubén Brito fueron condenados por un plan concertado para desviar la investigación.

Uno de los momentos más impactantes fue la condena del ex fiscal Carlos Ramón Albaca, quien durante años tuvo a su cargo la investigación y fue hallado culpable de omitir medidas fundamentales y paralizar líneas investigativas. El propio Ministerio Público resultó parte del encubrimiento.

La sombra de Alperovich

Cuando Paulina fue asesinada, José Alperovich era gobernador de Tucumán. Aunque no fue condenado penalmente, el caso expuso su responsabilidad política: todos los funcionarios condenados respondían a su gobierno. El expediente dejó planteada una fuerte discusión sobre cómo el poder estatal fue utilizado para frustrar la búsqueda de la verdad.

Paradójicamente, mientras aumentaban las certezas sobre el encubrimiento, disminuían las posibilidades de identificar a los autores materiales. El principal sospechoso, Víctor César Soto, fue absuelto por falta de pruebas, y otros acusados corrieron la misma suerte.

El legado de Alberto Lebbos

Durante dos décadas, el padre de Paulina, Alberto Lebbos, impulsó incansablemente nuevas medidas y denunció irregularidades. Su lucha fue reconocida por los tribunales como un motor que mantuvo viva la investigación. Pero el resultado final es desolador: la Justicia probó que hubo funcionarios que falsearon documentos, ocultaron pruebas y desviaron investigaciones, pero ninguna sentencia logró establecer quiénes asesinaron a Paulina Lebbos.

Veinte años después, el caso Lebbos sigue siendo un símbolo de la impunidad en Tucumán. El aparato estatal que debía garantizar justicia terminó condenado por haber contribuido a frustrarla. El encubrimiento quedó acreditado, sus responsables recibieron condenas, pero el crimen permanece sin autores condenados. La pregunta que dio origen a todo el proceso sigue sin respuesta: ¿quién mató a Paulina Lebbos?