Condenaron a la 'Mafia de los Contenedores': cómo operaba la red que defraudó al Estado con 18 millones de dólares

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó sentencia contra los integrantes de la primera organización criminal investigada en la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”. La maniobra de contrabando agravado generó un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.

Los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni impusieron penas de siete años de prisión a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, considerados coautores del delito de contrabando agravado. Jorge Carlos Fano, titular de TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco recibieron condenas de seis años. Otros miembros de la organización fueron sentenciados a penas de entre cuatro y cinco años y 10 meses de cárcel.

¿Cómo engañaban a la Aduana?

La investigación acreditó que la red operaba con un sofisticado sistema de doble circuito documental. Los documentos originales emitidos en China daban cuenta del embarque de telas y prendas de vestir, mientras que en Argentina se generaba una documentación paralela que declaraba la mercadería como carbonato de calcio, un producto que tributa aranceles mínimos.

De esta forma se concretaron 31 operaciones de importación y se frustró un intento adicional detectado en el puerto de Buenos Aires. El fiscal general Gabriel Pérez Barberá sostuvo que la prueba acreditó “la existencia de una organización coordinada, con funciones perfectamente distribuidas y un doble circuito documental diseñado para engañar a la Aduana”.

Las sanciones adicionales

El fallo dispuso también el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción registral de las sociedades TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., utilizadas como vehículos para la maniobra ilícita. El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad formulados por las defensas, incluyendo aquellos referidos a los allanamientos, los secuestros de prueba informática y la supuesta violación del plazo razonable del proceso.

El tribunal consideró acreditados los agravantes legales: la intervención de un funcionario aduanero, la participación de más de tres personas, el uso de documentación adulterada y el elevado valor económico de la mercadería.

Una causa testigo

La causa es considerada testigo dentro de un conjunto de expedientes que investigan maniobras similares de subfacturación y utilización de empresas pantalla para el ingreso de mercaderías desde Asia eludiendo los controles estatales. La investigación fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión en la Dirección General de Aduanas y tramitó ante el juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer el 22 de septiembre próximo.