Condenan a una joven tucumana por un negocio de certificados médicos falsos que involucró a decenas de profesionales

Una mujer de 27 años fue condenada a prisión por armar una red de falsificación de documentos de salud que comprometió la fe pública y la honorabilidad de médicos reales. La Justicia de Tucumán dictó una sentencia de cuatro años, aunque la pena se cumplirá en su casa debido a que está a cargo de su hijo pequeño.

La condenada, identificada como Brisa Rocío Fernández, aceptó su culpabilidad a través de un juicio abreviado. La fiscalía, a cargo de Fernando Blanno, logró demostrar que durante 2025 desarrolló una actividad sistemática dedicada a confeccionar y usar documentación médica apócrifa.

¿Cómo funcionaba el fraude?

La investigación detalla dos hechos concretos. El primero ocurrió el 17 de febrero de 2025, cuando Fernández falsificó una ficha médica completa para el ingreso escolar de una niña. Utilizó un sello profesional apócrifo a nombre de una médica real e inventó datos de peso, talla, presión arterial y hasta un esquema de vacunación completo.

El segundo caso se registró el 6 de septiembre del mismo año. En esa oportunidad, elaboró un certificado médico falso usando un recetario con sellos adulterados del Hospital Avellaneda. Allí, consignó un diagnóstico falso de gastroenteritis y ordenó tres días de reposo para otra persona, todo con firma y sello falsificados.

El allanamiento que lo develó todo

La trama se desmoronó el 22 de octubre de 2025, cuando efectivos allanaron su domicilio en el barrio San Miguel. Lo que encontraron fue revelador: incautaron tres sellos medalla pertenecientes a instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el Hospital de Clínicas y el SIPROSA.

Pero eso no fue todo. El operativo también permitió secuestrar 22 sellos profesionales correspondientes a médicos, odontólogos y técnicos de la salud. Según la pesquisa, todos habrían sido confeccionados de manera fraudulenta por la mujer para usarlos en la elaboración de certificados, fichas adulteradas y otros documentos apócrifos.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás expuso la gravedad del caso. “Los hechos y la multiplicidad de víctimas comprometieron especialmente la fe pública, la salud de la ciudadanía y también la honorabilidad de los profesionales que se vieron involucrados”, señaló la representante del Ministerio Público Fiscal.

Las condiciones de la condena

El juez interviniente homologó el acuerdo y, además de la pena de prisión, impuso otras obligaciones. Fernández deberá resarcir económicamente a las víctimas con un monto total de $1.565.500, que será dividido en cuatro partes.

También se le prohibió realizar cualquier tipo de intimidación, directa o indirecta, hacia las personas afectadas. El magistrado ordenó el decomiso de todos los elementos secuestrados y dispuso remitir un oficio a ANSES para que evalúe si la condenada puede seguir percibiendo la Asignación Universal por Hijo.

La pena de cuatro años se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica, debido a que Fernández está a cargo de un hijo menor de tres años. Se estableció que, una vez que el niño cumpla cinco años, se podrá solicitar la revisión de esta modalidad ante el Juez de Ejecución.