Condenan a jefes policiales por utilizar presos para trabajos en una vivienda particular

La Justicia impuso penas de prisión condicional e inhabilitación perpetua a varios efectivos policiales por autorizar y organizar el uso de detenidos para realizar tareas de albañilería, pintura y herrería en una propiedad privada. Los hechos ocurrieron durante los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025.

Entre los principales condenados aparece Sergio Marcelo Juárez, de 51 años, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad Regional Norte (URN). Recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de una reparación económica de $2.000.000 y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

También fue condenado Roberto Edim Ale Nasser, ex jefe de la División de Infantería, quien recibió una pena de dos años de prisión condicional y la misma inhabilitación perpetua.

¿Qué delitos se les imputaron?

La audiencia se realizó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la Unidad Especializada de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira. En representación del Ministerio Fiscal intervino el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga, quien expuso la calificación legal y las pruebas reunidas durante la investigación.

De acuerdo con la acusación, los imputados fueron responsabilizados por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad.

¿Quiénes más fueron condenados?

A la lista de condenados también se sumaron dos mujeres policías: Ivana Janeth Velardez, cabo, y Gladys Beatriz Paz, sargento ayudante. Ambas recibieron una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.

Desde la fiscalía remarcaron que tanto Juárez como Nasser tenían una responsabilidad mayor por la jerarquía de los cargos que ocupaban dentro de la estructura policial.

“Ambos se desempeñaban como jefes de la URN y de la División de Infantería, respectivamente, y como tales tenían a su cargo empleados policiales, móviles y, en el caso de Juárez, los de diversas comisarías. Su responsabilidad resulta superior al resto de los imputados por haberse valido de su rango y funciones para lograr la finalidad delictiva”, sostuvo el representante del Ministerio Fiscal.

En relación con Velardez y Paz, se explicó que, si bien tenían un rango inferior, cumplían un papel clave dentro de la maniobra por su cercanía operativa con las máximas autoridades de la unidad.

“Si bien Velardez y Paz tenían un cargo inferior, cumplían un rol fundamental al ser las secretarias personales de los jefes de la URN. Esto les permitía poder utilizar al personal con total discrecionalidad, independientemente de su rango”, se indicó durante la audiencia.

¿Cómo se desarrolló la maniobra?

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron cuando el entonces jefe de la URN, Gustavo Javier Beltrán, dispuso el traslado de cuatro detenidos desde la Comisaría de Chuscha y la Comisaría de Choromoro hacia dependencias de la Unidad Regional Norte.

A partir de allí, siempre de acuerdo con la investigación, Sergio Marcelo Juárez tuvo una participación necesaria al autorizar y organizar la salida de personal policial junto a los presos, quienes fueron llevados hasta la vivienda de Beltrán en El Cadillal.

En ese domicilio, los detenidos habrían sido utilizados para realizar trabajos de albañilería, pintura y herrería, en una maniobra que ahora ya tiene varias condenas firmadas en sede judicial.

¿Cuál es la situación actual de los condenados?

Uno de los puntos que también quedó expuesto durante la audiencia fue la situación administrativa de los imputados dentro de la fuerza.

En el caso de Juárez, se informó que ya no pertenece a la Policía de Tucumán, debido a que se dispuso su baja de jerarquía y cargo, lo que implica que ya no ejerce funciones ni percibe remuneración del Estado.

Respecto de Nasser, se indicó que fue pasado a situación de revista en disponibilidad.

Con estas nuevas condenas, la causa avanza sobre una de las maniobras más delicadas detectadas dentro de la estructura policial tucumana: el presunto uso de recursos públicos, personal policial y personas privadas de la libertad para fines particulares.