Comerciante tucumana deberá responder por una evasión fiscal que supera los $464 millones

Una comerciante de Tucumán fue imputada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por una presunta evasión tributaria que asciende a más de $464 millones. La acusación, presentada por la Unidad de Delitos Complejos, abarca dos hechos independientes ocurridos durante los períodos fiscales 2023 y 2024.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira. En una audiencia judicial, el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga formalizó la acusación contra la mujer por el delito de evasión tributaria simple, en concurso real entre sí y en calidad de autora.

Según la hipótesis del MPF, la imputada, en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Tucumán, habría omitido el pago de importantes sumas mediante maniobras engañosas vinculadas a la falta de presentación de las declaraciones juradas exigidas por la normativa vigente.

“Tal conducta tuvo por finalidad ocultar su verdadera realidad económica y sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, impidiendo al organismo recaudador conocer oportunamente la materia imponible gravada”, sostuvo Lizarraga al exponer los cargos.

Desde la fiscalía señalaron que la omisión habría sido deliberada y sistemática, lo que obligó a la Dirección General de Rentas (DGR) a realizar sucesivas determinaciones de oficio para establecer la deuda tributaria. Como resultado de esas actuaciones, el organismo recaudador determinó de manera firme y consentida obligaciones adeudadas por un total de $ 464.988.754.

¿Qué medidas cautelares se solicitaron?

El representante del MPF solicitó una serie de medidas de menor intensidad por el plazo de tres meses. Entre ellas, la obligación de fijar y mantener domicilio en San Miguel de Tucumán, presentarse ante cada citación judicial, permanecer a disposición del Colegio de Jueces y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

La jueza interviniente deberá resolver sobre las medidas requeridas mientras continúa el avance de la causa.