Chiqui Tapia se defiende: pide anular su indagatoria por una millonaria causa de evasión

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó este viernes un pedido de nulidad contra el llamado a indagatoria que pesa sobre él por una presunta evasión de más de $19.000 millones. Sus abogados argumentan que no hubo delito y que la deuda ya fue saldada, buscando frenar la citación del juez Diego Amarante. La investigación, iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también incluye al tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes.

¿Qué alega la defensa de Tapia?

Según pudo saber TN, el planteo fue ingresado este viernes ante la Cámara. Los letrados de Tapia sostienen que existen escritos previos donde ya argumentaron que no existió delito y que la deuda investigada fue cancelada. Con esos fundamentos, solicitaron que se declare nulo el llamado a indagatoria dispuesto por el magistrado.

La citación había sido ordenada por el juez federal Diego Amarante. El cronograma establecía que Tapia debía presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada. La resolución judicial también incluyó la prohibición de salida del país para los imputados.

El origen de la causa y las cifras millonarias

La investigación se originó a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

Incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales. Según la presentación inicial del organismo, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior se agregaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a superar los $19.300 millones.

ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En la denuncia señaló que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

Los movimientos de fondos y la declaración clave

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la asociación. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones.

Además, en 2024 y 2025 se constituyeron varios plazos fijos en pesos y en dólares. A partir de esos datos, el organismo recaudador concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de cumplir con las obligaciones fiscales como agente de retención.

Otro de los elementos considerados fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. La profesional explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.

Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

La figura penal en análisis prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por cada mes.