Chaco propone un cambio radical: los gremialistas estatales dejarían de cobrar del Estado

El gobierno de Leandro Zdero envió a la Legislatura un proyecto que busca cortar el pago de salarios a dirigentes sindicales que tomen licencias gremiales. La iniciativa, que ya genera polémica, apunta a modificar la ley para que las organizaciones, y no el Estado, financien a sus representantes durante esas ausencias laborales.

La propuesta formaliza una idea que el gobernador chaqueño ya había adelantado en su discurso de apertura de sesiones ordinarias. El objetivo central es reformar el artículo 48 de la Ley 645-A y el inciso d del artículo 318 de la Ley 647-E, que actualmente permiten a trabajadores estatales y docentes tomar licencias con goce de sueldo para realizar tareas sindicales.

¿Cuál es el argumento del gobierno?

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que es incorrecto que la administración pública financie los salarios de dirigentes mientras estos se dedican a la actividad gremial. El texto enviado a los diputados argumenta que este esquema no se ajusta a los principios constitucionales ni a la normativa vigente, que promueve la autonomía de los sindicatos.

El documento hace referencia a la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales N° 23.551, la cual establece que las entidades gremiales deben sostenerse con sus propios recursos y prohíbe el financiamiento directo por parte de los empleadores. Desde esta interpretación, el Gobierno chaqueño considera que el pago estatal de esos salarios podría entenderse como una forma de financiamiento indirecto a los sindicatos.

Así funcionaría el nuevo sistema de licencias

El proyecto no elimina el derecho a la licencia gremial, pero propone que se otorgue sin goce de haberes. El régimen establece un cupo de cargos con licencia que dependerá de la cantidad de afiliados que tenga cada organización sindical.

Para la administración pública provincial, se prevé un máximo de cinco dirigentes con licencia por gremio. Además, se podría sumar un representante adicional por cada mil afiliados, o fracción mayor a quinientos, que estén acreditados en el padrón certificado del sindicato.

En el caso del sector docente, el esquema se organizaría mediante un sistema escalonado basado también en la cantidad de afiliados, manteniendo un límite de cinco licencias gremiales por entidad. En todos los casos, el período de licencia sería computado para la antigüedad y los derechos previsionales, pero sin que el Estado pague el salario.

¿Qué pasará con los dirigentes que ya tienen licencia?

La iniciativa incluye una cláusula transitoria diseñada para evitar conflictos con las situaciones ya consolidadas. Según el proyecto, los dirigentes sindicales que actualmente cuentan con licencia gremial y goce de haberes mantendrán ese beneficio hasta el final de sus mandatos vigentes.

Sin embargo, la regla cambiaría para el futuro. Si las organizaciones sindicales renuevan o prorrogan a sus autoridades, las nuevas licencias que se otorguen a partir de esa renovación ya no incluirán el pago salarial por parte del Estado provincial.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta reforma permitirá reducir el gasto público y ordenar el sistema de relaciones laborales dentro del Estado. No obstante, la medida ya comenzó a generar críticas en sectores del movimiento sindical, que consideran que podría afectar severamente la actividad y la independencia gremial.