Cansado de la impunidad, cargó una vaca faenada al hombro y provocó un terremoto judicial en La Pampa

En un giro inesperado, la drástica protesta de un productor rural de General Acha, que ingresó a la municipalidad con los restos de una vaca faenada, terminó con 5 detenidos en tiempo récord y prisión preventiva.

La historia tiene como protagonista a Hernán Carbajales, un ganadero de la localidad pampeana de General Acha. En apenas 48 horas, su campo fue blanco de dos violentos ataques de abigeato. El primero ocurrió el 6 de junio, cuando delincuentes asesinaron a una yegua de pedigrí preñada de varios disparos de fusil y se llevaron solo un matambre y los lomos. El 8 de junio, Carbajales encontró una vaca de alta genética, también preñada, muerta a balazos y parcialmente faenada.

¿Qué lo llevó a tomar una medida tan extrema?

La acumulación de años de denuncias sin respuesta y la escasa protección policial lo llevaron al límite. Sin dudarlo, cargó los restos sanguinolentos de la vaca sobre sus hombros y se dirigió al palacio municipal para exigir soluciones urgentes al intendente. Aunque la reunión no se concretó en ese instante, la imagen del productor con el animal a cuestas se viralizó al instante en redes sociales y medios nacionales.

“Fue impresionantemente rápido”, reconoció Carbajales, asombrado por el giro de la investigación. El jueves posterior, el intendente lo recibió y esa misma tarde se montó un operativo cerrojo con la policía provincial, la Patrulla de Seguridad Rural y la Fiscalía de la III Circunscripción.

Allanamientos y detenciones

Los allanamientos en distintos puntos de General Acha resultaron en la detención de cinco hombres jóvenes, conocidos en la zona por su peligroso prontuario y tiroteos previos con la policía. Se secuestraron armas de fuego, municiones, prendas con sangre y restos de carne vacuna. Uno de los imputados violaba una prisión domiciliaria por caza ilegal de un ciervo.

Lo más impactante fue la decisión judicial: esta vez, la Justicia dictó prisión preventiva efectiva por cuatro meses para los cinco sospechosos, a diferencia de otras ocasiones en que eran notificados y enviados a sus casas. La protesta civil también forzó la convocatoria a una reunión de urgencia entre entidades rurales, autoridades judiciales y el Ejecutivo provincial para delinear estrategias contra el delito rural.