Archivan la causa por el retiro de $37.000 millones de municipios y la oposición estalla: “No han mostrado ni un solo recibo”

La Justicia Federal archivó la investigación por el retiro de casi $37.000 millones de cuentas oficiales de municipios tucumanos, pero la oposición local no se queda callada y pone en duda la transparencia del manejo de esos fondos. Legisladores de diversas bancadas salieron al cruce de la decisión judicial, cuestionando las prácticas administrativas y exigiendo respuestas claras sobre el destino del dinero.

El archivo de la causa, que investigaba el retiro de fondos bajo la modalidad “cheque por ventanilla” de los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros entre 2023 y 2024, fue resuelto por el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez a instancias del fiscal. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había denunciado la operatoria, pero la Justicia determinó la inexistencia de delitos.

¿Qué dicen los legisladores opositores?

Ricardo Bussi, presidente del bloque Fuerza Republicana, fue contundente: “Que una causa se archive por falta de pruebas no significa que los hechos estén esclarecidos. Significa que no se pudo probar un delito, pero no responde a la pregunta central: qué se hizo con esos fondos”. El legislador consideró que persisten serias dudas sobre la administración de esos recursos.

“No han mostrado ni un solo recibo. Basta recorrer esas ciudades para ver que ese dinero no fue destinado a obras, ni a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Tucumán no puede naturalizar que se manejen millones sin explicaciones claras”, cuestionó Bussi, poniendo el foco en la falta de evidencias tangibles sobre el uso del dinero.

¿Cómo justifican los ex intendentes estas prácticas?

Ex intendentes explicaron que la operatoria de retiro de fondos en efectivo es habitual y se utiliza para brindar asistencias urgentes, como medicamentos. Afirmaron que se probó la trazabilidad de los dineros, que para cada desembolso hay un expediente y que los órganos de contralor aprobaron las cuentas de inversión.

Sin embargo, la radical Silvia Elía de Pérez consideró preocupante que se intenten justificar estas prácticas como operatorias habituales. “Si lo habitual es retirar millones en efectivo sin trazabilidad, entonces estamos frente a un problema mucho más profundo: un sistema que naturaliza la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos”, fustigó la legisladora.

Remarcó que continuarán exigiendo transparencia, controles reales y rendición de cuentas. “Gobernar no es solo no cometer delitos, es administrar con honestidad, de cara a la gente y con reglas claras que no dejen lugar a sospechas”, acotó, elevando el debate a un plano ético y de gestión pública.

Críticas a la Justicia Federal y al fiscal

José Macome apuntó contra la Justicia Federal por desestimar las pruebas aportadas por la Procelac y la Unidad de Información Financiera. “Aprobar una cuenta de inversión no es un certificado de honestidad; sabemos que en esos municipios los Concejos funcionan como escribanías del intendente”, disparó.

Calificó como un “retroceso institucional gravísimo” y una señal de “impunidad selectiva” el cierre de la investigación, y apuntó contra el funcionario judicial Rafael Vehils Ruiz. “El fiscal no investigó lo suficiente”, declaró, mostrando su descontento con la labor de la fiscalía en el caso.

¿Y qué opina el oficialismo?

Claudio Viña, presidente del bloque Compromiso Tucumán, adoptó una postura más cauta. “Si la Justicia Federal concluyó que no hay delito, debo suponer que es así”, dijo respecto a la determinación judicial. Sin embargo, también apuntó contra la disparidad en la distribución de fondos para municipios según su afinidad con la Casa de Gobierno.

“Con o sin comprobantes, es un despropósito que algunos municipios, sobre todo, el que corre con el caballo del comisario, reciban millones para dádivas o ayudas sociales discrecionales. Rendidas, o no, con comprobantes, lo mismo los sitúa en una posición de privilegio con respecto a otros municipios o candidatos en épocas electorales. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Y todos sabemos quién es”, embistió Viña, criticando la discrecionalidad en la asignación de recursos.

Reclamos de reforma y transparencia

Agustín Romano Norri, legislador radical, también reclamó claridad. “El dictamen es revelador al hablar de una ‘displicencia en la operatoria’ y un ‘manejo arbitrario de recursos’. Que un hecho no sea un delito no significa que sea correcto ni mucho menos transparente. La sociedad tucumana necesita saber qué pasó con esos fondos que, en municipios como Banda del Río Salí o Alberdi, representaron extracciones masivas en fechas sospechosamente cercanas a los comicios de 2023”, expresó.

El legislador capitalino mencionó que no se puede permitir que la discrecionalidad sea la norma. “Necesitamos una reforma política profunda que elimine estos ‘agujeros negros’ financieros”, propuso, llevando el reclamo a un nivel estructural.

Manuel Courel, por su parte, consideró gravísimo que se haya determinado el archivo de la causa sin abrir una investigación. “El mismo dictamen del fiscal está admitiendo que ha habido desprolijidades administrativas. Realmente es muy grave que la Justicia no haya hecho lugar a la investigación. Lamentablemente en Tucumán no se investigan los casos de corrupción. Nosotros vamos a seguir denunciando y poniendo en manifiesto las arbitrariedades con las que se maneja el Ministerio del Interior”, arremetió, mostrando que la polémica está lejos de apagarse.