Anularon un nombramiento en la Caja Popular y ahora investigan si hubo perjuicio fiscal

La Intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán anuló el nombramiento de José César Díaz en la planta permanente del organismo, tras la declaración de nulidad absoluta por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La medida, formalizada mediante la Resolución de Intervención N° 339/26 del 19 de mayo, dejó sin efecto la Resolución N° 494/23, del 21 de junio de 2023, que había incorporado a Díaz como Subgerente General Adscripto, Nivel 3.

La decisión se tomó luego del Acuerdo N° 1348 del Tribunal de Cuentas, firmado el 29 de abril, que determinó que el acto administrativo presentaba vicios graves en sus elementos esenciales. Según los fundamentos, la designación fue objetada por dos aspectos principales: la falta de competencia de quien firmó el nombramiento —Hugo Ledesma, quien no habría tenido facultades suficientes— y la finalidad del acto, que no respondía a una necesidad institucional sino a asegurarle a Díaz un cargo permanente.

¿Qué pasará con los haberes cobrados?

El caso continúa bajo análisis administrativo. El Tribunal de Cuentas ordenó la apertura de actuaciones para determinar si existieron responsabilidades administrativas o patrimoniales derivadas de la designación. Además, mediante los Acuerdos N° 1708 y N° 1709, se dispusieron comprobaciones sumariales vinculadas con posibles irregularidades en el cobro de haberes durante licencias médicas otorgadas a Díaz y a Patricia Neme, funcionaria del área jurídica de la Caja Popular.

En el caso de Díaz, se menciona una licencia por enfermedad de largo tratamiento entre el 25 de marzo y el 15 de mayo. Para Neme, una licencia similar iniciada el 3 de marzo. Se busca establecer si los haberes abonados se ajustaron a la normativa y si existió perjuicio para el Estado provincial. El Tribunal de Cuentas también notificó al Colegio de Abogados para que intervenga en lo relativo al ejercicio profesional durante esos períodos.

Tras la resolución de la intervención, el expediente queda abierto en distintos frentes: la revisión interna de la Caja Popular, las actuaciones del Tribunal de Cuentas y las eventuales medidas de organismos profesionales o judiciales. La nulidad dispuesta es una decisión administrativa sobre la validez del nombramiento, no implica por sí misma responsabilidad penal, que deberá definirse en las actuaciones en trámite.