Amenazas en escuelas: el gobernador lanza un ultimátum que incluye expulsiones y traslados

El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió que no tolerará más amenazas de tiroteos en escuelas y anunció medidas drásticas, incluyendo expulsiones y traslados a un instituto especializado. La firme postura busca frenar una ola de intimidaciones que ya generó al menos 15 denuncias en distintos establecimientos educativos de la provincia.

Jaldo fue contundente al calificar estos actos como delitos. “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, afirmó el mandatario. Subrayó que una normativa recientemente firmada refuerza este criterio.

¿Qué establece el decreto?

El miércoles, el gobernador firmó el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad. Este documento instruye a la cartera y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.

La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.

¿Qué pasó en Yerba Buena?

Jaldo se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, sostuvo.

Para el gobernador, la solución es clara: “Esto se soluciona con poner límites a los chicos. Hay que aplicar el decreto, avanzar con la expulsión del establecimiento y el traslado a Cura Brochero. Se puede hacer todo a la vez”.

¿Cómo se reforzará la seguridad?

El mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo. Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.

“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó Jaldo.

Insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local. “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó: “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”.

“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”, concluyó el gobernador.