Amenazas de tiroteos en escuelas: el despliegue policial que nadie esperaba y la advertencia a los padres

Un operativo de seguridad sin precedentes se activó en establecimientos educativos tras una serie de amenazas que encendieron las alarmas. El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó el despliegue de 2.500 efectivos en colegios de toda la provincia, en respuesta a las intimidaciones registradas durante la semana, que también se replicaron en otras provincias y estarían vinculadas a un supuesto reto viral en redes sociales.

Según explicó el funcionario, participan del operativo las cinco unidades regionales, con personal de Infantería, el Grupo Cero y la división motorizada. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio”, señaló en declaraciones al informativo La mañana empieza aquí, de LG Play.

Girvau advirtió que las amenazas constituyen un delito y aseguró que la Policía continuará recorriendo escuelas y colegios si es necesario. “El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido”, afirmó, y agregó que los padres deben hacerse responsables por la conducta de sus hijos.

¿Cuál fue la reacción del gobierno provincial?

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo manifestó su preocupación por los episodios registrados durante la semana y confirmó que hasta la noche del jueves se contabilizaban al menos 15 denuncias en distintas instituciones educativas. “Decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo en declaraciones a La Gaceta.

El mandatario también señaló que los padres deben asumir responsabilidades, que los docentes deben acompañar y que el Gobierno debe “poner límites” frente a la situación que atraviesan los establecimientos educativos.

¿Qué medidas se tomaron oficialmente?

En ese marco, el miércoles Jaldo firmó el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.

La normativa contempla además la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. También establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.