Allanaron viviendas tras amenazas de tiroteo en un colegio: lo que encontraron los investigadores

La Justicia allanó viviendas en Concepción y Arcadia este sábado 18 de abril en el marco de una investigación por amenazas de tiroteo contra el Instituto San Luis Gonzaga. Las medidas fueron dispuestas en una causa por intimidación pública y están a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

La investigación se inició tras una denuncia que advertía sobre la existencia de inscripciones en los sanitarios del colegio y mensajes difundidos vía WhatsApp, donde se anunciaba un presunto ataque armado previsto para el viernes 17 de abril. Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Fiscal (MPF) mantuvo una intervención activa y estratégica, orientada a esclarecer el origen de las amenazas.

¿Qué elementos secuestraron durante los allanamientos?

Los allanamientos fueron ejecutados por la División de Delitos Telemáticos en una vivienda del barrio CGT de la ciudad de Concepción y en un inmueble ubicado en la localidad de Arcadia. Durante los procedimientos, el MPF dispuso el secuestro de celulares, tablets, computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento externo, además de otros elementos de interés para la causa, entre ellos eventuales armas de fuego o municiones, que serán sometidos a pericias.

En ese marco, el prosecretario Patricio Reynoso y el auxiliar fiscal Leandro David Abdala supervisaron las tareas de constatación y la recolección de evidencias digitales, que incluyeron capturas de pantalla de estados de WhatsApp y otros canales donde se viralizó el mensaje intimidatorio.

¿Por qué no hubo detenciones?

De acuerdo con lo informado oficialmente, no se ordenaron detenciones debido al carácter excepcional del Sistema de Justicia Penal Juvenil, ya que las personas identificadas hasta el momento son menores de edad. No obstante, la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, quien dirige la investigación con autorización del juez Federico Moeykens, subrayó que la investigación no se limita a establecer responsabilidades individuales.

La fiscal Rivadeneira busca determinar si las adolescentes involucradas fueron utilizadas o incitadas por adultos. En ese sentido, el MPF reveló que ya se registraron al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones educativas de Tucumán, lo que refuerza la hipótesis de que estos hechos podrían responder a un “desafío viral”.

¿Cómo operaría este “desafío viral”?

Según esta línea investigativa, personas desconocidas aprovecharían redes sociales y plataformas de mensajería para inducir a menores a generar amenazas falsas y provocar pánico social. Como parte de las medidas de protección, la Justicia ordenó la intervención urgente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF), con el objetivo de garantizar el acompañamiento integral de las adolescentes involucradas, preservando su dignidad y privacidad mientras avanza la causa.

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de los dispositivos secuestrados, con el objetivo de identificar el origen de los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales en una serie de hechos que ya impactan de lleno en la seguridad pública y el normal funcionamiento de las instituciones educativas.