Allanamiento en sede empresarial desata guerra de versiones: ¿Qué encontraron en los cheques que nunca llegaron?

Un operativo judicial en la sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) destapó una profunda interna entre dos figuras clave del sector, con acusaciones cruzadas sobre el manejo de fondos y represalias laborales. Sergio Gómez Sansone, empresario del transporte, denunció cheques extraviados y una quita de línea por pedir explicaciones, mientras Jorge Berretta, vicepresidente de AETAT, defendió la transparencia de la entidad y atribuyó la denuncia a intenciones políticas.

Sergio Gómez Sansone, titular de la Línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao, rompió el silencio tras el allanamiento. Aseguró que sus reclamos comenzaron a principios de 2024, exigiendo rendiciones de cuentas claras sobre la distribución de subsidios y fondos provinciales destinados al transporte público.

En su descargo, lanzó una acusación grave: afirmó haber encontrado cheques emitidos por AETAT a favor de sus empresas que nunca llegaron a sus manos. Según su denuncia, esos cheques habrían sido cambiados y vendidos en cuevas financieras de la provincia.

¿Qué represalias sufrió el denunciante?

Gómez Sansone rechazó las declaraciones que lo vinculan a un trasfondo político. Aseguró que, por pedir explicaciones contables, sufrió graves represalias. Esta situación derivó en la quita de la Línea 131 durante septiembre, en lo que definió como un intento conjunto del gremio y la asociación empresarial para silenciarlo y sacarlo del sistema.

Respecto al silencio del resto de los dueños de colectivos, el empresario afirmó que responde a un pánico generalizado a perder sus fuentes de trabajo y sus rutas comerciales. “El 80% de los empresarios tienen el mismo miedo que tenía yo. A mí ese miedo se me fue cuando ya me sacaron la línea, por eso hoy puedo denunciar”, sentenció con dureza.

Para cerrar su postura, dejó un desafío a la investigación en curso: “Si mis denuncias son falsas, que me metan preso. Para eso está la Justicia”.

¿Cómo respondió la asociación empresarial?

Desde la vicepresidencia de AETAT, Jorge Berretta desestimó las acusaciones. Calificó la denuncia como una presentación infundada y consideró que responde a intenciones políticas orientadas a afectar el funcionamiento de la entidad empresarial.

Berretta sostuvo la legalidad de los procesos administrativos internos e indicó que las compensaciones tarifarias se distribuyen de acuerdo con la normativa vigente, tomando como base principal la cantidad de trabajadores registrados por cada empresa prestadora.

Asimismo, remarcó que los datos de la distribución están a disposición de los asociados mensualmente y señaló que el último balance de AETAT contó con la aprobación del propio denunciante. Según el directivo, ante una eventual irregularidad, la situación afectaría a todas las empresas asociadas y no de manera aislada.

Finalmente, el representante de AETAT comunicó que el personal de la sede ubicada en calle San Juan al 1.300 recibió instrucciones de colaborar de forma irrestricta con la Fiscalía, a fin de facilitar la documentación requerida y permitir el avance de la investigación judicial.