Abogado ofrecía influencias en la Justicia Federal: las pruebas que lo delataron
Un abogado utilizaba su cercanía con un camarista federal y vehículos oficiales para presionar a cambio de dinero. ¿Qué pruebas lograron los investigadores?
El Juzgado Federal N°2 de Tucumán procesó sin prisión preventiva al abogado Luis Alejandro Ontiveros, acusado de tráfico de influencias agravado y violación de medios de prueba. La investigación reveló chats, geolocalizaciones y hasta el uso de vehículos oficiales para concretar los supuestos acuerdos.
Según el fallo del juez José Manuel Díaz Vélez, quedaron acreditados tres hechos delictivos. El primero ocurrió el 10 de marzo de 2023, cuando Ontiveros ofreció influencias a Mario Alberto Martínez Salazar Pérez a cambio de USD 100.000 para lograr el sobreseimiento de su hijo, Jerónimo Martínez Parada. El segundo, entre el 15 y 21 de abril de 2025, por un nuevo ofrecimiento de USD 80.000 para revertir votos en la Cámara Federal. El tercero, el 4 de junio de 2025, cuando eliminó las aplicaciones de WhatsApp y Telegram para destruir pruebas.
Las reuniones clave
La fiscalía, representada por Agustín Chit, corroboró los encuentros mediante chats de WhatsApp, capturas de pantalla, pericias informáticas de la DATIP, geolocalizaciones, registros de antenas telefónicas y cámaras de seguridad. Las reuniones se dieron en el bar Del Turista (marzo 2023), en inmediaciones del bar Sole Mio en Yerba Buena (15 de abril de 2025) y en el bar Nico, también en Yerba Buena (21 de abril de 2025).
La investigación también determinó que Ontiveros utilizaba vehículos vinculados al camarista federal Mario Rodolfo Leal, incluyendo una Toyota Corolla Cross y una Fiat Toro asignada oficialmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Su esposa, Solana Casella, era relatora exclusiva de Leal y postulante al juzgado federal N°1, lo que sustentaba la “venta de la influencia”.
El juez impuso medidas de coerción: prohibición de comunicarse con el denunciante y testigos, prohibición de salir del país sin autorización y un embargo de $100.000.000. La defensa está a cargo del estudio de Miguel Ángel Pierri.
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