Abogado acusado de tráfico de influencias denuncia “expedición de pesca” de la fiscalía: ¿qué buscan realmente?

El letrado Luis Alejandro Ontiveros, imputado en una causa por presunto tráfico de influencias, denunció que la fiscalía cambió su estrategia ante la falta de pruebas y ahora busca “cualquier otro delito” en una investigación que calificó de “persecución”. La defensa vinculó el avance del caso con intereses ajenos al expediente que buscarían perjudicar la postulación de su pareja, Solana Casella, a la magistratura federal.

Ontiveros debe declarar como imputado el próximo 21 de abril ante el juez federal José Manuel Díaz Vélez. La causa se inició hace once meses tras la denuncia de un funcionario de ARCA, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, representado por el abogado Juan Andrés Robles, por el supuesto pedido de coimas para beneficiar a su hijo Jerónimo en un proceso penal.

¿Qué medidas ordenó la Justicia?

El juez Díaz Vélez dispuso que se libren oficios al Banco Central de la República Argentina para que todas las entidades financieras del país informen sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y depósitos de los que Ontiveros sea titular o cotitular. Además, se puso la lupa sobre las billeteras virtuales y los consumos con tarjetas de crédito.

Se solicitaron reportes detallados al Registro Inmobiliario de Tucumán para determinar la titularidad de las propiedades vinculadas al abogado, incluido un inmueble ubicado en el Barrio Privado Alto Verde, en Cevil Redondo. La sospecha de la fiscalía es que Ontiveros reside en una propiedad que podría estar a nombre de terceros o vinculada directamente al entorno del camarista Mario Leal.

¿Qué dijo el abogado en su defensa?

En una nota dirigida a La Gaceta, Ontiveros rechazó las acusaciones y se quejó por la batería de medidas patrimoniales ordenadas. “La nueva batería de medidas que pidió la fiscalía demuestran la desesperación por mantener viva una investigación que no probó nada en un año de dispendio jurisdiccional”, afirmó.

El letrado sostuvo que, ante la falta de evidencias sobre el delito que se le imputa, el fiscal Agustín Chit intenta ahora girar la investigación hacia un posible enriquecimiento ilícito para sostener el “escarnio público”. “Antes, la fiscalía buscaba un ‘tráfico de influencias’ ahora va en búsqueda de un supuesto ‘enriquecimiento ilícito o lavado de activos’ o lo que fuere con tal de ponerme en la situación de imputado”, declaró.

¿Hay intereses políticos detrás?

Ontiveros vinculó directamente la investigación con la postulación de su pareja: “porque quizás alguien cree que de esa manera puede perjudicar la postulación a un cargo de relevancia en la justicia federal de una persona intachable como mi pareja, Solana Casella”.

La defensa del letrado, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, también cuestionó la legitimidad de las medidas. “Todos esos pedidos que hace el fiscal van a resultar nuevamente un dispendio jurisdiccional que no va a arrojar ninguna prueba de ningún delito”, advirtió Ontiveros.

¿Qué criticó específicamente?

El abogado apuntó a una supuesta pérdida de objetividad de la fiscalía: “Nuevamente esto muestra la pérdida de objetividad que tiene la Fiscalía incurriendo en investigaciones que no tienen ninguna relación con los supuestos hechos que se investigan conforme a la propia denuncia”.

Ontiveros también cuestionó la coherencia de la investigación: “Las medidas solicitadas buscan la ‘ruta de un dinero’ que el propio denunciante aseguró que nunca entregó. ¿De qué ruta de dinero hablamos? Si nunca se denunció ninguna entrega de dinero de Martínez Salazar”.

¿Hubo un trato desigual?

Como cierre de su descargo, el abogado introdujo una comparación con otros procesos de resonancia pública en la provincia para evidenciar lo que considera un trato desigual. “Hay causas que son de público y notorio que no sé si tuvieron la misma predisposición para investigar de parte de la fiscalía que dirige Chit”, manifestó.

Ontiveros mencionó específicamente: “a modo de ejemplo me gustaría saber si el juez y el fiscal que me investigan pidieron todas estas medidas cuando investigaron a Felipe ‘el militar’ Sosa en la causa por narcotráfico que luego culminó en su sobreseimiento”.

La defensa se prepara así para una indagatoria que promete ser el epicentro de un debate sobre los límites de la investigación penal y la influencia de las relaciones personales en los pasillos del poder judicial federal en Tucumán.