A un año de la condena, el peronismo redobla la denuncia: ¿persecución política o ensañamiento judicial?

En el primer aniversario de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, los bloques de Unión por la Patria en Diputados y el Senado volvieron a la carga. Denunciaron lo que consideran una proscripción política y exigieron mejoras en las condiciones de su prisión domiciliaria. Además, presentaron una carta formal ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, disparó Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, durante la conferencia en el Congreso. El peronismo insiste en que existe un trato diferencial y que la decisión judicial va más allá del expediente de Vialidad.

Un reclamo que cruza al sistema político

Martínez fue contundente al pedir que todo el arco político se pronuncie: “Las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”. Y advirtió que “el silencio y, en muchos casos la convalidación de este accionar, no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”.

La conferencia se realizó justo cuando se cumplió un año del fallo que ratificó la condena. Los legisladores entregaron un documento donde expresan su “más rotundo rechazo, preocupación y repudio” por lo que consideran una persecución política a través del Poder Judicial. En la carta, señalaron que la ratificación ocurrió apenas siete días después de que Cristina Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense. Sostienen que la decisión tuvo una “finalidad política explícita” para impedir su participación electoral.

El texto también advierte sobre una supuesta afectación del derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y afirma que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye una forma de proscripción incompatible con el funcionamiento democrático.

¿Qué pasa con la tobillera y las visitas?

Más allá de la condena, el foco estuvo puesto en las condiciones de la prisión domiciliaria. Los legisladores cuestionaron el uso de tobillera electrónica y las restricciones de visitas, que consideran más severas que en otros casos. Como prueba, mencionaron un informe presentado la semana pasada en el Congreso: de 2513 detenidos con prisión domiciliaria, menos del 20% usa tobillera y no llegan al 1% los que tienen restricciones de visitas. Sobre esa base, construyeron el reclamo ante la Corte y el Consejo de la Magistratura.

“Esto demuestra que, además de persecución política, hay un ensañamiento injusto que no respetó las garantías constitucionales del debido proceso, no tuvo un juicio justo, le metieron los jueces a dedo, Mauricio Macri trasladó jueces para que la juzgaran, la Corte falló en tiempo récord justo cuando ella había anunciado que iba a ser candidata. No es un fallo jurídico, sino político”, dijo el senador camporista Mariano Recalde en Radio Provincia.

Las voces se multiplicaron en redes sociales. La diputada Cecilia Moreau escribió: “A un año de su injusta detención, seguimos denunciando las condiciones restrictivas y excepcionales que le han impuesto, y el daño que su proscripción le provoca a nuestra democracia”. La senadora Juliana Di Tullio habló de “un año de la prisión injusta y aleccionadora de Cristina Kirchner”, mientras que la diputada Kelly Olmos se refirió al “uso del Partido Judicial para perseguir y proscribir” a la expresidenta y que, con una “sentencia, dictada sin pruebas y llena de arbitrariedades”, busca “castigar un proyecto político que gobernó ampliando derechos en base a las banderas peronistas”.