A menos de tres semanas de su indagatoria, el abogado Ontiveros contraataca: denunció al juez que lo investiga

El abogado Luis Alejandro Ontiveros formalizó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a quien acusa de mal desempeño y prevaricato en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias. La presentación se produce a menos de tres semanas de su citación a indagatoria, prevista para el 15 de mayo.

En su escrito, Ontiveros sostiene que el magistrado ha incurrido en un “incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia grave”. Según la tesis de la defensa, liderada por el abogado Miguel Ángel Pierri, el juez ha convalidado una “persecución política y mediática” al autorizar medidas que Ontiveros califica de ilegales, como el levantamiento del secreto bancario y el rastreo de bienes que involucran a su entorno familiar, especialmente a su pareja, la abogada Solana Casella.

¿Qué originó la causa?

El expediente se inició hace un año tras la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, un funcionario de ARCA que aseguró que Ontiveros le exigió sumas de hasta 180.000 dólares para favorecer a su hijo Jerónimo en un proceso penal. La acusación del fiscal Agustín Chit apunta a que el abogado vendía una influencia “aparente” basada en su estrecho vínculo con el camarista Mario Leal, de quien se presentaba como sobrino y con quien compartía bienes y tarjetas de crédito.

Ontiveros afirma que el juez Díaz Vélez “ha permitido que la fiscalía incurra en una evidente expedición de pesca, violentando garantías constitucionales básicas de defensa en juicio”. Uno de los puntos más ríspidos de la denuncia radica en la comparación que Ontiveros realiza con otros procesos llevados adelante por el mismo magistrado, señalando una supuesta “selectividad” en la rigurosidad investigativa, mencionando específicamente el caso de Felipe ‘el militar’ Sosa.

La estrategia de la defensa

La estrategia de Ontiveros busca instalar que existe un “fraude a la ley” en la instrucción. Según el escrito, hay un “linchamiento mediático” que tiene como objetivo final dañar la postulación de Solana Casella. Ontiveros afirmó que “el magistrado denunciado ha perdido la objetividad necesaria, convirtiéndose en un ariete de intereses extraprocesales que buscan condicionar las ternas del Consejo de la Magistratura”.

El documento presentado ante la Comisión de Acusación solicita que se investigue si Díaz Vélez incurrió en el delito de prevaricato, alegando que dictó resoluciones contrarias a la ley basándose en hechos falsos o distorsionados por el denunciante. “Se ha convalidado un relato plagado de inconsistencias técnicas, como la identificación errónea de vehículos y la falsedad en la ubicación de antenas de telefonía, lo que demuestra una negligencia grave en la valoración de la prueba de cargo”, sostiene Ontiveros.

A lo largo de las 24 páginas del escrito, se solicita además que el Consejo de la Magistratura oficie al Juzgado Federal de Tucumán para certificar la autenticidad de una serie de resoluciones que el imputado considera arbitrarias. Para Ontiveros, la decisión de levantar el secreto fiscal y financiero sin una prueba directa de entrega de dinero constituye una “invasión a la privacidad sin precedentes en la justicia local”.

El fiscal Chit sostiene la imputación basándose en evidencias entre las que sobresalen las geolocalizaciones de los teléfonos celulares, que sitúan al imputado en los mismos bares y horarios relatados por el denunciante, y una captura de pantalla hallada en el dispositivo de Ontiveros con información sensible de la causa. A esto se suma la línea investigativa sobre el patrimonio compartido: la fiscalía ha puesto especial énfasis en el requerimiento al Registro Inmobiliario para determinar la titularidad del inmueble en el Barrio Privado Alto Verde donde residen Ontiveros y Casella.

Ontiveros intenta golpear la figura del juez instructor, alegando que “el Dr. Díaz Vélez ha convertido la investigación en un dispendio jurisdiccional orientado a la destrucción del buen nombre y honor de una familia, sin aportar una sola evidencia que vincule un pedido de dinero con una resolución jurisdiccional”. Pese a la denuncia, el magistrado mantiene su competencia y el cronograma procesal sigue firme, mientras los informes de ARCA y los bancos comienzan a llegar al despacho de la fiscalía.

Fuente: La Gaceta